La creciente preocupación por la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires volvió a ubicarse en el centro del debate público, luego de que una encuesta de la consultora Sentimientos Públicos arrojara resultados contundentes: siete de cada diez bonaerenses perciben que la situación se ha deteriorado en los últimos seis meses.
Pero más allá del dato general, el estudio expone un aspecto aún más llamativo: el 45% de los encuestados responsabiliza directamente a las autoridades provinciales, con el gobernador Axel Kicillof como principal apuntado. En tanto, un 44% pone el foco en el Gobierno nacional.
La desconfianza ciudadana en la respuesta del Estado se acentúa en un contexto donde, paradójicamente, el 63% de los consultados no ha sido víctima directa ni conoce a alguien cercano que haya sufrido un hecho de inseguridad en ese período. Aun así, la percepción negativa crece, alimentada por hechos cotidianos, cobertura mediática y una sensación de abandono en los barrios.
Las soluciones que proponen los propios ciudadanos revelan también una crítica transversal al sistema: el 85% reclama mayor presencia policial, mientras que un contundente 86% considera que los jueces “se ponen del lado de los delincuentes”, una frase que resume la desilusión con el poder judicial y su desempeño.
La baja de la edad de imputabilidad también aparece como una demanda social creciente: el 63% está de acuerdo con esta medida, apoyo que se eleva significativamente entre los sectores socioeconómicos más bajos (75%) y entre los centennials (83%).
Frente a estos números, el gobierno provincial se muestra sin respuestas claras. Mientras el ministro de Seguridad Javier Alonso se encuentra en medio de fuertes controversias, la gestión de Kicillof aún no logra articular una política de seguridad efectiva que contenga el malestar social.
La encuesta, más allá de los porcentajes, deja un mensaje difícil de ignorar: la ciudadanía está cansada, y los responsables políticos ya no pueden mirar para otro lado.
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