M.S.BONFIGLI
Se cumplieron dos meses de la trágica y evitable muerte de Gabriel Cáceres, el joven trabajador que perdió la vida ahogado el 3 de marzo pasado durante una jornada de limpieza en el arroyo Giménez en Dardo Rocha y Avenida Sevilla, Berazategui, en plena tormenta. Fue enviado junto a otros compañeros a trabajar en condiciones totalmente adversas, sin el equipamiento adecuado y bajo un régimen de contratación precarizado.
A pesar de la gravedad del hecho y de las pruebas que comprometen directamente a los responsables políticos, Matías Aguirre, concejal con licencia del oficialismo local (bloque mussista) y funcionario del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, continúa sin rendir cuentas ante la justicia. No solo permanece impune, sino que sigue cobrando del Estado, amparado en una licencia y en una narrativa de victimización pública que insulta la memoria de Cáceres y la dignidad de su familia.
El caso fue asignado a la fiscal Karina Santolin (UFI7), cuya inacción a dos meses del hecho resulta escandalosa. No ha habido ni avances procesales significativos, ni llamados a declarar, ni peritajes públicos que esclarezcan en qué condiciones se encontraba el grupo de trabajadores aquel día fatal. La pasividad judicial no sorprende en Berazategui, un distrito donde la Justicia muchas veces parece actuar en sintonía con el poder político de turno.
Desde el primer momento, este medio expuso con pruebas las condiciones en que operaba la Cooperativa Pacha Limpia, una estructura sostenida por el Municipio y la Provincia para tercerizar tareas sin garantizar derechos laborales básicos. Los trabajadores eran enviados a los arroyos sin botas, sin ropa especial, sin arneses, sin barbijos ni seguros. Todo por sueldos miserables, con contratos informales y sin representación sindical real.
En este esquema, Juan José Mussi, intendente municipal, y Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, tampoco han asumido responsabilidad alguna. Ambos han optado por el silencio, una actitud que desnuda el desprecio institucional por la vida de los trabajadores. Porque mientras la familia de Gabriel Cáceres llora su ausencia, los funcionarios implicados siguen de campaña, ocupando cargos, gestionando fondos y firmando contratos.
Las palabras de la hermana del joven, expresadas en redes sociales, reflejan el dolor inconmensurable de una pérdida que no encuentra justicia: “Otro día más sin ti, amor, sin llamadas, sin abrazos, sin mates... tu falta se siente mucho”. Y a cada día que pasa sin respuestas, esa ausencia se vuelve también un grito contra la impunidad.
Lo de Gabriel no fue un accidente. Fue una consecuencia directa de un sistema que precariza, que expone, que usa y descarta. Y que después, amparado en la burocracia judicial y el blindaje político, sigue funcionando como si nada.
