La expresidenta debe informar quiénes podrán ingresar a su domicilio en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Su defensa pidió ampliar el listado e incluir a referentes políticos y sociales.
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Este lunes finaliza el plazo establecido por la Justicia para que Cristina Fernández de Kirchner presente el listado de personas autorizadas a visitarla en su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.
Según lo dispuesto, las visitas deben limitarse a familiares directos, profesionales de la salud y abogados. Sin embargo, la defensa de la expresidenta presentó un escrito en el que cuestiona las restricciones impuestas y reclama que se le permita recibir a referentes políticos y sociales, alegando su derecho a continuar con la actividad política.
En el documento, los abogados de Fernández de Kirchner argumentan que se trata de “la principal dirigente de la oposición” y que debe tener la posibilidad de mantener reuniones vinculadas a su rol político. Incluso, señalaron que el departamento podría funcionar como “centro de operaciones” y mencionaron la eventual visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Por el momento, el Tribunal Oral Federal N.º 2 aún no se pronunció sobre el régimen de visitas solicitado por la defensa. Se espera una definición en los próximos días, en medio de un escenario judicial y político de alta tensión.
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Aunque fue condenada por corrupción e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, Cristina Kirchner continúa interviniendo activamente en la escena política, desafiando a la Justicia y utilizando su prisión domiciliaria como tribuna partidaria.
El Tribunal Oral Federal N° 2 impuso condiciones estrictas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria de la exmandataria en su casa de Constitución. Deberá usar tobillera electrónica, no podrá salir sin permiso y tendrá control sobre sus visitas.
La Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública, pero la ex presidenta cumple arresto domiciliario en condiciones que despiertan críticas por ser consideradas un privilegio. Expertos alertan sobre la discrecionalidad en la aplicación de este beneficio y el impacto negativo en la percepción de la justicia.
La Corte Suprema rechazó por unanimidad las apelaciones y dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La decisión marca un hito en la historia judicial y política del país.
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