Una nueva disputa ambiental y judicial pone bajo la lupa lo que ocurre en la costa de Berazategui. Organizaciones ambientalistas denunciaron que la empresa Global Urbanization Group avanzó con importantes movimientos de suelo en terrenos ribereños pese a que, según sostienen, el área se encuentra protegida por el ordenamiento urbano vigente.
La denuncia fue realizada por el Foro en Defensa del Río de la Plata, Biodiversidad Hudson y Preservando Hudson, organizaciones que desde hace tiempo cuestionan el proyecto denominado Distrito Eco Urbano Berazategui Norte.
Según el planteo de las entidades, la desarrolladora realizó excavaciones, apertura de canteras, elevación del nivel del terreno, desmontes y rellenos de sectores de humedal sin contar con las autorizaciones necesarias.
Las organizaciones califican esas intervenciones como ilegales y sostienen que las tierras continúan alcanzadas por la categoría de Reserva Ambiental Ribereña.
El conflicto tiene uno de sus puntos centrales en la Ordenanza N°6552/24, mediante la cual se modificó el Código Urbanístico de Berazategui para posibilitar el desarrollo del denominado Distrito Eco Urbano Berazategui Norte.
El proyecto comprende una extensa superficie delimitada, según los ambientalistas, por sectores próximos a la avenida Varela, instalaciones de AySA, la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Río de la Plata.
En mayo de 2025, las tres organizaciones presentaron una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
El planteo cuestionó la constitucionalidad de la ordenanza y sostuvo que la modificación vulneraba el principio de no regresividad ambiental, debido a que terrenos considerados de alto valor ambiental y previamente categorizados como Reserva Ambiental Ribereña pasarían a admitir desarrollos urbanísticos.
Los denunciantes también cuestionaron que la modificación se hubiera realizado sin una instancia suficiente de participación ciudadana.
El conflicto escaló en febrero de 2026.
De acuerdo con la presentación de las organizaciones, Global Urbanization Group comenzó a realizar trabajos sobre el terreno mientras la discusión judicial continuaba abierta.
Los ambientalistas aseguran que las intervenciones incluyeron enormes movimientos de tierra, excavaciones, elevación de terrenos, desmontes y relleno de humedales.
También cuestionaron una intervención del juez Hugo Guarnieri, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Quilmes, que habría posibilitado la realización de trabajos.
Frente a esa situación, la Suprema Corte bonaerense hizo lugar a una medida cautelar solicitada por los demandantes.
Según informaron las organizaciones, la resolución suspendió los efectos de la ordenanza cuestionada mientras se tramita el proceso judicial, ordenó detener los trabajos y dejó sin efecto la autorización judicial que había permitido avanzar con las intervenciones.
Las críticas no están dirigidas únicamente contra la desarrolladora.
Las organizaciones cuestionan el papel de la Municipalidad de Berazategui y sostienen que el Ejecutivo local no habría ejercido adecuadamente su obligación de controlar lo que ocurría sobre esos terrenos.
Según relataron, frente a las primeras denuncias el Municipio manifestó que no había autorizado las obras.
Para los ambientalistas, esa explicación resulta insuficiente.
Argumentan que la magnitud de los movimientos de suelo hacía visibles los trabajos incluso desde la autopista y consideran que, independientemente de haber otorgado o no una autorización, correspondía al gobierno municipal inspeccionar y fiscalizar las intervenciones realizadas dentro del distrito.
La disputa continúa ahora dentro de los tribunales.
Según informaron las organizaciones, la empresa realizó presentaciones destinadas a conseguir el levantamiento de la medida cautelar.
Entre los argumentos atribuidos a la desarrolladora aparece la situación de un asentamiento ubicado en inmediaciones del arroyo Giménez y el supuesto riesgo de expansión hacia terrenos vinculados al emprendimiento.
Los ambientalistas rechazaron ese planteo.
Sostienen que el barrio existe desde antes del proyecto inmobiliario y que las imágenes disponibles no demostrarían una expansión capaz de justificar la modificación de las condiciones que llevaron a la Corte a detener las obras.
Además, consideran que esa discusión no modifica el punto central del expediente: si resulta jurídicamente posible urbanizar terrenos que actualmente se encuentran alcanzados por una protección ambiental.
El 14 de agosto de 2026, las organizaciones presentaron su respuesta al último pedido para levantar la cautelar.
Allí sostuvieron que las circunstancias que llevaron a la Suprema Corte a intervenir no se modificaron y que los argumentos presentados por la desarrolladora ya eran conocidos cuando el máximo tribunal provincial dispuso la medida.
Por ese motivo reclamaron mantener paralizado cualquier avance del emprendimiento mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La preocupación de los ambientalistas también apunta a evitar que se produzcan transformaciones irreversibles sobre el terreno antes de que exista una sentencia definitiva.
El conflicto alrededor del Distrito Eco Urbano vuelve a colocar en discusión un problema recurrente en la costa del Conurbano: hasta dónde puede avanzar la urbanización sobre ambientes ribereños y quién controla que las obras respeten las normas ambientales y urbanísticas.
Las organizaciones sostienen que los movimientos de suelo ya realizados produjeron daños sobre un ecosistema especialmente sensible y acusan a la desarrolladora de intentar consolidar mediante hechos consumados las bases de un emprendimiento que todavía enfrenta importantes obstáculos judiciales.
Al mismo tiempo, reclaman respuestas al Municipio sobre las tareas de fiscalización desarrolladas mientras las máquinas trabajaban en la zona.
Por ahora, la cautelar mantiene frenado el avance cuestionado.
La discusión de fondo continúa en manos de la Justicia: deberá determinarse la validez constitucional de la modificación urbanística y, con ella, el futuro de una extensa porción de la costa de Berazategui que hasta el inicio de esta disputa estaba protegida como Reserva Ambiental Ribereña.
Las afirmaciones sobre la ilegalidad de las obras, la afectación ambiental y la actuación de la empresa y del Municipio corresponden a los planteos formulados por las organizaciones denunciantes y forman parte de una controversia judicial todavía en trámite.
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