BERAZATEGUI: EL MUNICIPIO AUTORIZÓ VENDER TIERRAS PÚBLICAS A UNA EMPRESA POR APENAS $8.068 EL METRO CUADRADO

El Honorable Concejo Deliberante de Berazategui aprobó una polémica operación inmobiliaria que vuelve a generar interrogantes sobre el manejo del patrimonio público. Mediante la Ordenanza N.º 6909, sancionada el 1 de octubre de 2026, autorizó la desafectación y venta directa de 21.864,83 metros cuadrados de calles municipales vinculadas al emprendimiento privado Hudson Lagoon, ubicado en Hudson.

La beneficiaria es Desarrollos Vivir S.A., fiduciaria del fideicomiso Hudson Lagoon, que podrá adquirir las tierras por aproximadamente 176,4 millones de pesos, con la posibilidad de pagar en hasta cuatro cuotas.

La pregunta es inevitable: ¿el Municipio está defendiendo los intereses de los vecinos o facilitando un negocio inmobiliario privado con tierras que pertenecen a todos los berazateguenses?

Tierras públicas a $8.068 el metro cuadrado

Uno de los puntos más cuestionables es el precio. La operación establece un valor aproximado de 8.068 pesos por metro cuadrado, una cifra que exige explicaciones sobre cómo se determinó el valor de los terrenos.

Si bien la ordenanza menciona una tasación del Banco Provincia, resulta fundamental conocer cuándo se realizó y si refleja adecuadamente las condiciones actuales de las tierras.

El monto, por sí solo, no demuestra que exista una venta por debajo del valor real, pero obliga a preguntarse si el Municipio consiguió las mejores condiciones para desprenderse de semejante superficie.

A esto se suma otro dato: la venta fue autorizada sin subasta pública y con facilidades de pago para la empresa beneficiaria.

Aunque la ordenanza invoca una excepción legal para justificar la venta directa, la decisión merece una explicación política.

Mientras numerosos vecinos enfrentan dificultades económicas y reclaman mejoras en los servicios públicos, el Municipio habilita una operación inmobiliaria privada con condiciones que deberían ser debidamente justificadas.

De calles municipales a un negocio privado

Los terrenos corresponden a sectores de las calles 178 y 184, desde la avenida Diego Armando Maradona, en Hudson.

Según la ordenanza, son trazas que actualmente no están abiertas al tránsito. Sin embargo, eso no cambia un dato central: eran superficies del dominio público municipal que ahora podrán incorporarse a un emprendimiento privado.

¿Se evaluó si esas calles podrían ser necesarias para la conectividad futura de la zona? ¿Qué beneficio concreto obtendrá Berazategui? ¿Por qué se decidió venderlas en lugar de conservarlas como patrimonio público?

Son interrogantes que las autoridades deberían responder.

Los humedales de Hudson, en el centro de otra preocupación

La operación también abre un debate ambiental que el Municipio no puede ignorar.

Hudson cuenta con sectores de humedales que cumplen funciones esenciales para absorber excedentes de agua, regular inundaciones y preservar la biodiversidad.

El avance de emprendimientos inmobiliarios sobre áreas ambientalmente sensibles genera preocupación por los posibles efectos de los rellenos, movimientos de suelo y modificaciones del drenaje natural.

¿Se realizaron estudios de impacto ambiental sobre las tierras involucradas? ¿Se verificó si las superficies cumplen funciones propias de un humedal? ¿Qué garantías existen para evitar que la expansión inmobiliaria afecte el equilibrio ambiental de Hudson?

La ordenanza no demuestra que los terrenos vendidos sean efectivamente humedales ni que se hayan producido daños ambientales. Pero eso no exime a las autoridades de explicar qué controles se realizaron.

Porque el valor de la tierra no puede medirse solamente en pesos. Un humedal perdido puede significar un problema ambiental para generaciones enteras.

Un Concejo Deliberante que debe dar explicaciones

La responsabilidad política también alcanza a los concejales que aprobaron la ordenanza.

Es necesario conocer cómo votó cada bloque, qué documentación se analizó y si se debatieron las consecuencias urbanísticas y ambientales de la operación.

El Concejo Deliberante no debería funcionar como una simple escribanía de decisiones que benefician a emprendimientos privados. Su obligación es controlar al Ejecutivo y defender el patrimonio de los vecinos.

El crecimiento inmobiliario puede generar inversiones, pero no debería convertirse en una justificación automática para desprenderse de tierras públicas.

¿Quién gana con esta operación?

La Ordenanza N.º 6909 deja sobre la mesa una discusión que merece explicaciones públicas.

Más de dos hectáreas de tierras municipales, una venta por $176 millones, sin subasta pública, con facilidades de pago y en una zona donde la preservación ambiental debería ser una prioridad.

La autorización legislativa no acredita por sí sola que la operación se haya concretado, pero sí demuestra una decisión política que debe ser examinada.

Porque mientras los emprendimientos privados avanzan, los vecinos tienen derecho a saber qué obtiene Berazategui a cambio de desprenderse de su patrimonio.

La pregunta de fondo es quién se beneficia con estas decisiones y quién termina pagando sus consecuencias.

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