Tras el ida y vuelta de la Corte que culminó con un gran cacerolazo, desde la justicia confirmaron que Cristina de Kirchner se sentará en el banquillo acusada de una supuesta asociación ilícita. El juicio comenzará el 21 de mayo y pasarán más de 100 testigos.
Política16 de mayo de 2019 AO
En la Sala AMIA, la de mayores dimensiones de los Tribunales de Comodoro Py, se realizará la semana próxima la primera audiencia del principal juicio contra la senadora de Unidad Ciudadana. El inicio del juzgamiento a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), será el martes y durará al menos hasta mayo del próximo año. Cristina está obligada a ir el primer día, cuando estará sentada junto a otros quince acusados. Después de ese primer encuentro, podrá solicitar no asistir hasta que sea su turno de declarar.
El TOF 2 está integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
El cronograma del TOF 2 en principio es, hasta la feria judicial de invierno, realizar una audiencia semanal, que quedará fijada para los lunes. Después, se evaluará sumar una más para darle celeridad a una causa que cuenta con 60 cuerpos, más de 70 cajas de documentación y aparte, todos los expedientes de los 52 contratos viales que recibió Lázaro Báez desde 2005 a 2015 como dueño del Grupo Austral.
Se estima que en la primera audiencia fijada para el mediodía del 21 de mayo, habrá más de 60 personas, si se suman los 16 imputados y sus abogados defensores, más las partes acusadoras -Oficina Anticorrupción (OA), Unidad de Información Financiera (UIF)-, y el personal de la fiscalía a cargo de Diego Luciani.
¿De qué se la acusa?
Según los fiscales se instauró una "maniobra de corrupción" -según los fiscales-, desde el Gobierno y organismos estatal vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez": fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos.
Los fiscales sostienen que no hay razones médicas ni de seguridad que justifiquen el beneficio y apuntan a una “falta de igualdad ante la ley” en el tratamiento de la expresidenta.
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El gobernador bonaerense encabezó el acto en la Escuela Juan Vucetich de Berazategui, donde más de 2.700 cadetes juraron fidelidad a la bandera. Anunció avances en infraestructura y formación para profesionalizar a la fuerza.
La expresidenta debe informar quiénes podrán ingresar a su domicilio en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Su defensa pidió ampliar el listado e incluir a referentes políticos y sociales.
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La Justicia halló una camioneta oficial del Municipio de Quilmes usada en el ataque. La detenida es militante de La Cámpora y su abogado es Daniel Llermanos.
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