
TURISMO: ALERTAN POR ESTAFAS EN ALQUILER DE INMUEBLES TEMPORARIOS
El Colegio de Martilleros de la provincia alerta sobre el creciente aumento de víctimas de estafas en alquileres de inmuebles de temporada.
Una nueva protesta de trabajadores despedidos que piden ser reincorporados generó complicaciones en el servicio de la línea Roca. La manifestación se lleva a cabo a la altura de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda.
Actualidad19 de diciembre de 2019 AhoraOnline
La protesta se inició minutos antes de las 17 y se extendió hasta las 20. Afectó a más de 300 mil pasajeros según indicaron desde el Ministerio de Transporte.
“Más de 300.000 pasajeros de la línea Roca se ven afectados por la intransigencia de un grupo de autoconvocados que refieren haber sido trabajadores del sector ferroviario que peticionan la incorporación de 250 personas”, expresó el Ministerio en un comunicado.
La dependencia también explicó que ante el reclamo el pasado 12 de diciembre los manifestantes fueron recibidos por el Ministerio de Transporte de la Nación: “En la reunión las partes se comprometieron a instaurar el diálogo y a mantener la paz social garantizando el no corte de vías”.
“En el día de la fecha, ante la decisión unilateral de movilizarse nuevamente al Ministerio de Transporte los autoconvocados fueron recibidos nuevamente y se los invitó a una nueva reunión el día 26 de diciembre”, continúa el texto del comunicado que aclara que sin perjuicio de ello, entendiendo la problemática se puso a disposición un canal de diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social.
“Desconociendo la voluntad de diálogo demostrada por el Gobierno nacional y lo acordado en las diferentes instancias de reunión, el grupo de autoconvocados decidió cortar las vías afectando a 300.000 usuarios de la línea Roca”, finaliza el texto.

El Colegio de Martilleros de la provincia alerta sobre el creciente aumento de víctimas de estafas en alquileres de inmuebles de temporada.

El director del Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, negó la autenticidad de un presunto comunicado que anunciaba la compra de MOQSA por 85 millones de dólares y calificó la versión como una fake news difundida en medio de la crítica situación que atraviesa el transporte público.

Tras varios días de paro por sueldos adeudados, los choferes de MOQSA levantaron la retención de tareas luego de llegar a un acuerdo con la empresa. Las líneas afectadas comienzan a normalizar su servicio en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

Un relevamiento del Colegio de Martilleros bonaerense reveló que en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela un trabajador debe destinar el 41% de su salario para alquilar una vivienda de dos dormitorios. La falta de créditos accesibles mantiene a la mayoría de las familias en el mercado de alquiler, donde los departamentos concentran más de la mitad de las operaciones inmobiliarias.

El servicio del Tren Roca entre Plaza Constitución y Bosques por vía Quilmes estará limitado hasta Berazategui este domingo por trabajos de renovación de vías entre Ranelagh y Sourigues, en el marco de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno Nacional.

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El Municipio confirmó que el aguinaldo se abonará el 19 de diciembre y que el salario de fin de año tendrá un incremento del 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, como parte de la política de actualización salarial para los trabajadores municipales.

La Fiscalía de Quilmes solicitó cinco años de prisión efectiva y la detención inmediata para el administrador y el electricista del country Altos de Hudson II, acusados por la muerte de un niño de 11 años electrocutado en 2017. El veredicto del juicio se conocerá el lunes 22 de diciembre.

Vecinos y organizaciones ambientales cuestionan la consulta pública virtual convocada por el Municipio de Berazategui para el proyecto Puerto Nizuc, al advertir irregularidades en el procedimiento, plazos insuficientes y riesgos ambientales por el desmonte de bosque nativo en Hudson.

Familias de Quilmes denuncian una red de corrupción policial y judicial vinculada a desalojos ilegales y hechos de violencia institucional que se arrastran desde 2011 y se reactivaron en 2025. Aseguran que hay menores en riesgo, órdenes apócrifas y connivencia estatal, y reclaman una intervención urgente ante la falta de respuestas.