La CPM, en su carácter de Mecanismo local de Prevención de la Tortura, se pronunció así tras inspeccionar hoy la comisaría 3ra. de Quilmes y la 2da. de Virrey del Pino, ya que "ambas están alcanzadas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" (CIDH).
Destacó que a pesar de esas medidas "siguen alojando personas en condiciones que generan riesgo de vida crítico".
"Los índices de sobrepoblación y hacinamiento extremo, sumadas a las atroces condiciones de detención, se constituyen torturas y malos tratos que se agravan frente a la falta de mecanismos de control y cuidado para atender situaciones ocasionadas por la pandemia de la Covid-19", expresó la CPM.
Además, denunció que "con 5.480 detenidos en 1.199 plazas, se alcanza una sobrepoblación récord de los últimos 15 años".
"Este mes de agosto registró un récord de sobrepoblación y hacinamiento extremo en comisarías de la provincia de Buenos Aires que ascendió al 357 %", afirmó.
Aseguran que "los 5.480 detenidos en 1.199 cupos disponibles, que tampoco cumplen con estándares internacionales de derechos humanos, representan un déficit estructural complejo que promueve la violencia y habilita la vulneración sistemática de los derechos de las personas detenidas".
Respecto a la comisaría 3ra. de Quilmes, una medida cautelar de la CIDH había prohibido su funcionamiento en el 2019 y en junio último una orden judicial la había clausurado.
"Antes de esta clausura el cupo disponible era de 12; en la inspección realizada se constató que había 52 personas detenidas, lo que implica un 333 % de sobrepoblación", expresó la CPM en un comunicado.
Detalló que "según informó el comisario sólo hay 10 colchones, así que la mayoría duerme sobre mantas o deben turnarse para hacerlo".
La comisaría 2da. de Virrey del Pino tampoco podía alojar detenidos desde el 2016, por una medida cautelar de la CIDH, y si bien tenía cupo para 8, "durante la inspección conjunta se constató que había 33 personas detenidas, es decir un 312 % de sobrepoblación".
"Lo constatado ayer en Quilmes y Virrey del Pino no es una excepcionalidad sino una muestra del grave estado estructural en que se encuentran las comisarías en la provincia de Buenos Aires", aseguró la Comisión.
Consideró que la continuidad del alojamiento de personas violando lo que establece la justicia y recomiendan los organismos internacionales "no sólo constituye una grave ilegalidad sino que se impone como una política que habilita la vulneración sistemática de los derechos humanos y expone a las personas detenidas al deterioro de sus condiciones de vida y las ubica en un serio riesgo de muerte".
