Se trata de una obra necesaria para atender la situación de personas expuestas a líneas de alta tensión en el barrio 3 de Junio. La iniciativa se suma a otra licitada en abril para terminar la construcción de 300 casas que fueron abandonadas durante los gobiernos de Daniel Scioli en provincia y Patricio Mussi en la intendencia.
Este martes el intendente de Berazategui recorrió la obra abandonada en el 2014 y en la cuenta oficial apuntó contra la gestión provincial anterior. “En Kennedy Norte vamos a culminar la edificación de 300 viviendas que quedaron paradas durante la gestión provincial anterior”.
Oscar Centeno declaró ante justicia española que nunca vio dinero ni empresarios. Lo hizo en referencia cuadernos cuya escritura se arrogó y que dieron lugar a una megacausa por supuesta corrupción en la Argentina, informaron fuentes judiciales.
Así lo adelantó la diputada nacional Mónica Frade. El baroncito podría enfrentar una pena de entre 3 y 10 años si no existe un agravamiento en el artículo 201 CP.
El Colegio de Martilleros de la provincia alerta sobre el creciente aumento de víctimas de estafas en alquileres de inmuebles de temporada.
El Municipio confirmó que el aguinaldo se abonará el 19 de diciembre y que el salario de fin de año tendrá un incremento del 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, como parte de la política de actualización salarial para los trabajadores municipales.
La Fiscalía de Quilmes solicitó cinco años de prisión efectiva y la detención inmediata para el administrador y el electricista del country Altos de Hudson II, acusados por la muerte de un niño de 11 años electrocutado en 2017. El veredicto del juicio se conocerá el lunes 22 de diciembre.
Vecinos y organizaciones ambientales cuestionan la consulta pública virtual convocada por el Municipio de Berazategui para el proyecto Puerto Nizuc, al advertir irregularidades en el procedimiento, plazos insuficientes y riesgos ambientales por el desmonte de bosque nativo en Hudson.
Familias de Quilmes denuncian una red de corrupción policial y judicial vinculada a desalojos ilegales y hechos de violencia institucional que se arrastran desde 2011 y se reactivaron en 2025. Aseguran que hay menores en riesgo, órdenes apócrifas y connivencia estatal, y reclaman una intervención urgente ante la falta de respuestas.