El juez federal Luis Armella, junto con Pablo Wilk, realizó una exhaustiva inspección en el barrio cerrado Hudson Park como parte de una investigación por lavado de dinero. La diligencia judicial, que se extendió varias horas, involucró a numerosos efectivos de Prefectura y busca esclarecer operaciones financieras sospechosas en el complejo residencial.
La justicia ordena a la Municipalidad que no convoque a una nueva sesión sin entregar la información y documentación referida a la rendición de Cuentas del 2022. Además, obliga a entregar las claves de RAFAM.
La sesión está programada para mañana jueves 4 de mayo en el Concejo Deliberante local. Piden que el Municipio ponga a disposición toda la información sobre la rendición de cuentas del periodo 2022. Este miércoles el Juzgado N° 3 se declaró incompetente y pasó al juzgado federal que tiene Luis Armella.
Es por la causa en donde investigan a la jefa comunal por el desvío de fondos.
Dos jóvenes de 21 años fueron aprehendidos tras robar una motocicleta Zanella ZB 110 y ser sorprendidos por la policía cuando intentaban encenderla en la vía pública.
El Municipio confirmó que el aguinaldo se abonará el 19 de diciembre y que el salario de fin de año tendrá un incremento del 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, como parte de la política de actualización salarial para los trabajadores municipales.
La Fiscalía de Quilmes solicitó cinco años de prisión efectiva y la detención inmediata para el administrador y el electricista del country Altos de Hudson II, acusados por la muerte de un niño de 11 años electrocutado en 2017. El veredicto del juicio se conocerá el lunes 22 de diciembre.
Vecinos y organizaciones ambientales cuestionan la consulta pública virtual convocada por el Municipio de Berazategui para el proyecto Puerto Nizuc, al advertir irregularidades en el procedimiento, plazos insuficientes y riesgos ambientales por el desmonte de bosque nativo en Hudson.
Familias de Quilmes denuncian una red de corrupción policial y judicial vinculada a desalojos ilegales y hechos de violencia institucional que se arrastran desde 2011 y se reactivaron en 2025. Aseguran que hay menores en riesgo, órdenes apócrifas y connivencia estatal, y reclaman una intervención urgente ante la falta de respuestas.