Durante la tarde de este viernes, el juez federal de Quilmes Luis Armella realizó una serie de allanamientos en las cooperativas que están involucradas en una causa que se investiga la fuga de 535 millones de pesos.
En los procedimientos intervino el área especializada en delitos económicos de la Prefectura Nacional Argentina.
Las cooperativas en cuestión tendrían vínculos directos con funcionarios del gobierno actual quilmeño. La investigación no solo apunta a Mendoza sino también al ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda; Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler.
La causa que está en el fuero federal en Comodoro Py pero también en la justicia federal de Quilmes. En ese expediente, la fiscal Silvia Cavallo impulsó la investigación y pidió una serie de medidas de prueba. También solicitó que intervenga la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
En ese causa, la imputación incluye delitos como defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos por 535 millones de pesos.
La fiscal Cavallo señaló que hay suficiente información que da cuenta de una “serie de maniobras desplegadas desde el municipio para desviar fondos públicos a través de cooperativas de trabajo, en beneficio de funcionarios públicos, con la utilización de sociedades constituidas en plataformas off shore a las cuales se habría derivado el dinero desviado”.
