EL "IMPUESTAZO" DE KICILLOF

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció medidas para contrarrestar los efectos del recorte de transferencias de fondos nacionales por parte del gobierno de Javier Milei. La estrategia incluye la exigencia de un anticipo del impuesto a los ingresos brutos a 254 empresas, entre las que se encuentran automotrices, hipermercados, bancos, cerealeras y mineras.

Se espera que el monto a pagar por estas empresas alcance casi 640 millones de pesos, equivalente a cuatro veces el importe del anticipo de Ingresos Brutos correspondiente a octubre de 2023. Aquellas que no hayan presentado declaración jurada en ese mes verán incrementado el adicional en un 70%.

La medida, implementada por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), tiene como objetivo generar ingresos frescos para la provincia, que busca afrontar un período de restricciones sin recortar gastos. La liquidación está prevista para el 8 de marzo, y se espera recaudar 152.560 millones de pesos.

Kicillof acusó al gobierno nacional de "robar los recursos de las provincias" y se unió a otros mandatarios que cuestionaron el recorte de fondos. Además del anticipo de ingresos brutos, la provincia apeló a la Justicia, presentando una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia contra la quita de fondos especiales que recibía hasta el año pasado.

Las reacciones a estas medidas no se hicieron esperar. Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial bonaerense, expresó su preocupación por el impacto negativo en la industria, señalando que los aumentos de impuestos afectan la estructura de costos en un contexto de caída de la demanda.

El diputado nacional José Luis Espert instó a una "rebelión fiscal", señalando su desacuerdo con las subas de impuestos provinciales. La provincia tiene autorizado un ajuste impositivo de hasta el 200% para el impuesto inmobiliario y las patentes de automotores.

A pesar de las críticas, desde ARBA aseguran que el anticipo adicional se aplicará a un universo sumamente reducido, afectando solo al 1 de cada 10 mil contribuyentes registrados en la provincia. Aquellos que incumplan con el pago serán considerados de alto riesgo fiscal.

Fuente - Clarín -