Escándalo con los comedores inexistentes

El Ministerio de Capital Humano, a través de una auditoría exhaustiva, descubrió que el 50% de los comedores comunitarios registrados no existían. Esta auditoría fue parte de la investigación del "Plan Nacional Argentina contra el Hambre", creado en 2020 con el objetivo de asegurar el acceso a alimentos y servicios para merenderos y comedores comunitarios. La auditoría reveló graves irregularidades en el manejo de los recursos asignados a estos establecimientos.

Uno de los casos más destacados es el comedor "Gauchito Gil", que estaba registrado en la dirección de un barrio privado y nunca funcionó como comedor. Otro caso es el comedor "Sol de Barrio", cuya dirección no pudo ser localizada y los vecinos confirmaron que nunca existió tal comedor en la zona.

Acciones legales:

Frente a estas irregularidades, el Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia apunta a posibles incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos y busca una investigación profunda para determinar las responsabilidades correspondientes.

Proceso de auditoría:

El programa, inicialmente gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social, incluía un proceso de validación en tres etapas: preinscripción, validación y matriculación. La auditoría, ordenada por Pettovello al asumir su cargo, evidenció una falta de controles en la administración anterior, permitiendo que comedores inexistentes recibieran fondos del Estado.

Conclusiones de la auditoría:

El informe del RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil) reveló que muchos comedores, que gestionaban alimentos por miles de millones de pesos, eran ficticios. Se encontró que el 47.7% de los comedores no pudieron ser relevados debido a direcciones inexistentes y comedores que nunca operaron en las ubicaciones declaradas.

Reacción y próximas medidas:

Ante estos hallazgos, se llevaron a cabo cerca de 30 allanamientos como parte de la investigación por presuntas extorsiones cometidas por varios dirigentes de organizaciones sociales. El Ministerio de Capital Humano busca asegurar que se investiguen a fondo estas irregularidades y se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros abusos en la gestión de programas sociales.