El año pasado, Juan Carlos Cáceres denunció a los concejales Diana Paterno, Matías Aguirre y Julián Amendolaggine por el delito de peculado, tipificado en el artículo 261 del Código Penal, delito que contempla penas de prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua para funcionarios que sustraigan caudales o efectos cuya administración les haya sido confiada. Sin embargo, la respuesta de dos fiscales en Berazategui fue contundente: argumentaron que no podían investigar al Concejo Deliberante, dejando un vacío de justicia.
Persistente, Cáceres trasladó la denuncia a la Fiscalía 4 de la Cámara Penal de Quilmes, presentando nuevos datos en enero del corriente año. Ante esta nueva información, la Cámara Penal resolvió dar lugar al pedido y designó a la fiscal Karina Gallo para encabezar la investigación.
Este giro procesal, que en teoría representa un avance, no hace más que evidenciar las fallas estructurales en la lucha contra la corrupción local. El hecho de que dos fiscales se hayan eximido de investigar, invocando la “inmunidad” del Concejo, muestra cómo ciertos mecanismos institucionales parecen más interesados en resguardar a los mismos funcionarios que en garantizar la rendición de cuentas.
La denuncia de Cáceres no solo se limita a los tres concejales, sino que amplía el espectro de la investigación. El nuevo requerimiento solicita indicar la participación de empleados del Partido de Tres de Febrero en Berazategui, quienes habrían trabajado para Paterno y Amendolaggine. Se estima que hasta veinte empleados habrían desempeñado funciones a favor de estos concejales, algunos de los cuales aún continúan en roles clave como secretarios. Este entramado, lejos de ser una simple coincidencia, sugiere la existencia de una estructura de protección y respaldo que podría estar encubriendo conductas corruptas de larga data.
Por otro lado, el hecho de que el concejal Matías Aguirre ya enfrenta otros procesos judiciales en distintos foros, incluido el federal, refuerza la imagen de un entorno político saturado de irregularidades y conflictos de intereses. Mientras tanto, la designación de la fiscal Karina Gallo en la Cámara Penal de Quilmes ofrece una esperanza tenue de que, por fin, se puedan romper los esquemas de protección y complicidad que han permitido que estos hechos queden en la sombra.
La ciudadanía observa y espera, con la firme convicción de que la justicia debe prevalecer por encima de cualquier amparo institucional.
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