El primer sospechoso detenido por los homicidios de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, ocurridos el 30 de enero en Florencio Varela, es el dueño de un lubricentro del Alto Valle del Río Negro, que vende aceite reciclado como si fuera nuevo. La cadena de hechos que lo vincula con el crimen se inicia cuando técnicos de la Policía Federal detectaron, el 10 de febrero, la activación de un celular con el mismo IMEI que el dispositivo robado a Josué.
Según la versión preliminar, tras el asesinato cometido con piedras en un descampado, los asesinos se llevaron los teléfonos de las víctimas, los cuales dejaron de funcionar el mismo día. La activación del celular duplicado habría permitido a los investigadores rastrear a un individuo con conexiones laborales en el mundo del reciclaje –una actividad tan insólita como cuestionable en cuanto a su relación con los crímenes.
La explicación que el acusado podría aportar en su indagatoria –según la cual compró dos celulares a un “bolsero” y, para evitar que sus clientes descubrieran la venta ilegal de aceite recuperado, cambiaba mensualmente el chip de uno a otro– resulta, en el mejor de los casos, inverosímil. En diciembre, presuntamente, usó el dispositivo clonado con el IMEI del celular de Josué, apagándolo en enero y volviéndolo a activar el 10 de febrero, lo que, de acuerdo con los técnicos, señala una posible clonación del teléfono.
Este relato, plagado de contradicciones, plantea más preguntas que respuestas. ¿Es realmente factible que un comerciante de lubricentro recurra a tácticas tan sofisticadas –o, por el contrario, tan sencillas para la operativa criminal– para encubrir su vinculación con un doble homicidio? La aparente metodología, que algunos expertos ya vinculan a bandas criminales, evidencia un posible entramado de encubrimiento y encubrimiento agravado.
Mientras el sospechoso permanecerá detenido hasta que se esclarezca la veracidad de su coartada, surgen serias dudas sobre la robustez de la investigación. La utilización de tecnología como el rastreo por IMEI debería, en teoría, ofrecer pistas concluyentes. Sin embargo, la versión del dueño del lubricentro se enmarca en un contexto donde la mezcla de actividades ilegales –la venta de aceite reciclado disfrazado de producto de primera línea– y la supuesta clonación de dispositivos pone en tela de juicio la eficacia y la transparencia de la investigación policial.
Con información de Gustavo Carabajal y análisis de fuentes policiales.
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