M.S.BONFIGLI
El Senado de la Nación propinó una dura derrota al presidente Javier Milei al rechazar las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. Ahora, el Gobierno activa un operativo para sostener el nombramiento por decreto de García Mansilla mientras evalúa la estrategia para reabrir la discusión sobre las vacantes en el máximo tribunal.
Los resultados de la votación fueron contundentes: el pliego de Lijo recibió 43 votos en contra, 27 a favor y 1 abstención, mientras que el de García Mansilla fue rechazado con 51 votos en contra y solo 20 a favor. Al necesitarse una mayoría de dos tercios para la aprobación, la oposición logró bloquear ambas nominaciones con una amplia diferencia.
La figura de Lijo generó divisiones dentro del peronismo, obteniendo algunos votos favorables de senadores alineados con sus gobernadores o con intereses propios en sus provincias. En cambio, García Mansilla enfrentó un rechazo unánime del bloque de Unión por la Patria, con el respaldo de solo una parte del radicalismo y del PRO.
El rechazo del Senado estuvo influenciado por el decreto firmado por Milei en febrero, que designó a los dos jueces "en comisión". Esta medida fue interpretada como una afrenta a la Cámara Alta, provocando un rechazo unificado entre el kirchnerismo y sectores del PRO y la UCR. Pese a los intentos del Gobierno de impedir el quórum, la oposición logró reunir las 37 presencias necesarias para habilitar el debate.
Uno de los aspectos más criticados durante la sesión fue la ausencia de mujeres en las propuestas del Ejecutivo y la decisión de los candidatos de aceptar sus designaciones por decreto. La senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) acusó a García Mansilla de haber mentido en su exposición ante la Comisión de Asuntos Constitucionales al afirmar que no asumiría sin la aprobación del Senado.
Ante esta derrota, el Gobierno ratificó su intención de mantener a García Mansilla en la Corte, argumentando que su nombramiento "en comisión" es válido hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, esta postura abre un conflicto institucional, dado que la oposición y algunos juristas cuestionan la interpretación del Ejecutivo sobre la Constitución.
El futuro de la Corte Suprema y la estrategia del Gobierno para cubrir las vacantes sigue siendo incierto. En el Congreso, algunos sectores plantean la posibilidad de negociar una ampliación del tribunal a siete o nueve miembros, mientras que en la Casa Rosada no descartan esperar hasta el próximo año, cuando el oficialismo podría contar con más senadores propios.
El rechazo de los pliegos de Lijo y García Mansilla representa un fuerte revés para la administración de Milei, que ahora enfrenta un desafío institucional al insistir en la permanencia del juez designado por decreto.
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