Mientras avanzan las topadoras sobre humedales y bosque nativo, el Municipio de Berazategui guarda silencio y permite que intereses privados transformen de manera irreversible uno de los ecosistemas más sensibles del distrito, bajo la gestión del intendente Carlos Balor.
Municipios - BerazateguiHace 2 horas AHORAONLINE
Organizaciones socioambientales de Berazategui alertan sobre lo que califican como una destrucción sistemática del ecosistema costero, a partir del avance del proyecto denominado “Distrito Eco-Urbano Berazategui Norte”.
Según denuncian, ya comenzaron movimientos de suelos y desmontes sobre unas 150 hectáreas de humedales, planicies de inundación y bosque nativo, en un sector comprendido entre calle Varela, la Autopista y el Río. Las imágenes aéreas muestran maquinaria pesada operando sobre áreas protegidas por la Ley Provincial 14.888 (Categorías Amarilla y Roja), lo que implicaría una afectación directa a zonas de alto valor ambiental.
Lo más grave —afirman— es que las obras se habrían iniciado sin cartelización, sin Consulta Pública obligatoria y sin la aprobación correspondiente del Concejo Deliberante, pese a estar vinculadas a la Ordenanza 6552/24, cuya constitucionalidad fue impugnada ante la Suprema Corte bonaerense.
Desde los espacios ambientales sostienen que el avance de este emprendimiento privado no podría concretarse sin la complicidad o, al menos, la inacción del Municipio, y apuntan directamente a la responsabilidad política de la gestión encabezada por el intendente Carlos Balor.
“El modelo es claro: primero destruyen, después preguntan”, advierten. Y agregan que se repite el mismo esquema que ya generó controversias en Hudson: urbanizaciones cerradas para sectores privilegiados, a costa de un ecosistema que cumple funciones esenciales como la regulación hídrica y la mitigación de inundaciones.
La transformación irreversible de 150 hectáreas de costa no es un dato menor. Se trata de uno de los pulmones ambientales más sensibles del distrito, cuya degradación impactaría no solo en la biodiversidad, sino también en la calidad de vida de toda la comunidad.
Las organizaciones convocan a la ciudadanía a no permanecer indiferente y a exigir explicaciones claras sobre quién autorizó el avance de las máquinas y bajo qué marco legal se está modificando el territorio costero.
La discusión ya no es solo urbanística: es ambiental, institucional y política.
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