La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni suma nuevas pruebas

La Justicia investiga una compra de blanquería por más de 8 millones de pesos detectada en el celular de un contratista vinculado al jefe de Gabinete. Buscan determinar quién fue el verdadero destinatario y quién abonó la operación.
PolíticaHace 1 día AHORAONLINE

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo tras el hallazgo de documentación que podría aportar elementos clave para el avance de la causa.

Según surge del expediente y de información publicada por Infobae, pericias realizadas sobre el teléfono celular del contratista Matías Tabar permitieron detectar una factura por $8.183.303 correspondiente a una compra de ropa de cama y artículos de blanquería emitida por la firma Rosen The Store.

El documento figura a nombre de Gisela Kocsis, una empleada de la administración pública que en junio de 2025 se desempeñaba como secretaria privada dentro del área de vocería encabezada por Adorni.

El hallazgo llevó al fiscal Gerardo Pollicita a profundizar la investigación con el objetivo de determinar quién fue el verdadero beneficiario de la compra y quién efectuó realmente el pago.

La factura encontrada en el dispositivo de Tabar está fechada el 2 de junio de 2025 y corresponde a una adquisición por más de ocho millones de pesos en productos de blanquería.

Para ese momento, según la investigación, Adorni y su familia se encontraban finalizando refacciones en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. De acuerdo con la causa, aún faltaban varios meses para que el funcionario concretara la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Durante su declaración testimonial, Tabar reconoció que su vínculo con Adorni no se limitaba a tareas de construcción. Según indicó, también actuaba como intermediario en distintas compras y contrataciones vinculadas a las propiedades del funcionario, cobrando comisiones por esas gestiones.

Por orden del juez federal Ariel Lijo, la empresa proveedora deberá entregar en un plazo de 72 horas toda la documentación relacionada con la operación comercial.

Entre los datos requeridos por la Justicia figuran:

  • El medio de pago utilizado
  • La fecha y modalidad de cancelación
  • La identidad de quien realizó el pago
  • El domicilio de entrega de la mercadería
  • La persona que recibió o retiró los productos

El objetivo central es establecer si la compra fue efectivamente realizada por Kocsis o si su nombre habría sido utilizado para encubrir una operación cuyo destinatario final sería otra persona.

Un nombre que ya aparecía en la causa

No es la primera vez que el nombre de Gisela Kocsis surge en el expediente. La empleada pública ya había sido mencionada en documentación analizada por los investigadores.

Su nombre figura entre las visitas registradas en la Casa Rosada el 22 de octubre de 2025, fecha en la que Adorni mantuvo reuniones vinculadas a operaciones inmobiliarias también bajo investigación.

Los investigadores intentan reconstruir el circuito de pagos, reformas y adquisiciones relacionadas con el patrimonio del jefe de Gabinete, con el fin de determinar si existieron movimientos económicos incompatibles con los ingresos oficialmente declarados.

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