Alrededor de las 20, “Jaime” cumplía cerca de diez horas de exposición ante la jueza, la fiscal Viviana Fein, los abogados querellantes y el letrado del imputado Diego Lagomarsino, que querían interrogarlo exhaustivamente sobre sus últimos contactos con el fallecido fiscal y los detalles de las comunicaciones del fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, cuando murió el extitular de la UFI AMIA.
En rigor, Stiuso pasó más de medio día en el Palacio de Tribunales, donde en torno al juzgado de Palmaghini, en el quinto piso, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad con policías de civil y uniformados, que impedían la permanencia en la zona de periodistas y fotógrafos.
Según confiaron empleados judiciales, Stiuso ingresó al edificio muy temprano (alrededor de las 7) por la puerta del Palacio que da sobre la calle Tucumán, aunque la audiencia estaba prevista a las 10.
La jueza Palmaghini, quien asumió la dirección de la causa en que se investiga la muerte de Nisman, citó al exespía para que declare por segunda vez sobre el fallecimiento del fiscal, ya que ambos trabajaban juntos en la investigación del atentado a la AMIA. En la primera declaración, hace más de un año, Stiuso aseguró que el fin de semana en que apareció muerto el titular de la UFI AMIA en su departamento de Puerto Madero no atendió sus llamadas telefónicas porque tenía el celular en modo vibrador.
Luego de aquella declaración viajó a los Estados Unidos. La Justicia quiso rastrear su domicilio en el país norteamericano, y finalmente regresó por el mismo cruce fronterizo por el que se había marchado, el puente internacional General San Martín que une las ciudades de Fray Bentos, en Uruguay, con la entrerriana de Gualeguaychú.
Después de la muerte de Nisman, el Gobierno de Cristina Kirchner presentó varias denuncias penales en contra del exhombre fuerte de la SIDE (luego Secretaría de Inteligencia y actualmente Agencia Federal de Inteligencia) durante alrededor de cuatro décadas.
El mismo día en que tuvo que asistir por segunda vez a Tribunales, Stiuso -junto con el director financiero de la AFI, Juan José Gallea, y el empresario Matías Garfunkel- fue denunciado penalmente por supuestas maniobras de lavado de dinero público, que provendría de fondos reservados de la central de inteligencia.
El legislador porteño Gustavo Vera, de la ONG “La Alameda” y amigo del papa Francisco, presentó la denuncia que quedó radicada en el juzgado federal 9 de Luis Rodríguez por la supuesta infracción al artículo 303 del Código Penal, que castiga con tres a 10 años de prisión a quien haga circular dinero “proveniente de un ilícito” para que “adquiera la apariencia de lícito”.
El denunciante mencionó a varias empresas y aseguró que tendrían vinculación con los denunciados.
Página 12
