Ottavis se sumó a Máximo Kirchner y Guillermo Moreno, que despegaron a la ex Presidenta del escándalo de lavado. Ayer el juez Casanello dijo que “no está involucrada” en la investigación.
Política22 de marzo de 2016 Redacción
Luego del escándalo por los videos que publicó Canal 13, en los que se ve al hijo de Lázaro Báez, Martín, contando millones de dólares en la financiera “La Rosadita”, el kirchnerismo salió a desmarcarse del empresario y defender en público a la ex presidenta Cristina Kirchner. Primero fueron su hijo, Máximo, y el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Ayer se sumó el diputado bonaerense de La Cámpora, José Ottavis. Los dichos se enmarcan en las declaraciones del juez que investiga la llamada “ruta del dinero K”, Sebastián Casanello, quien ayer salió a afirmar que Cristina “no está involucrada” en la trama de lavado de dinero proveniente de la obra pública.
“No estamos paveando en la causa. Se van acumulando pruebas, se hicieron varios exhortos internacionales”, explicó Casanello, que se refirió al llamado a indagatoria de siete personas, encabezadas por el empresario Lázaro y Martín Báez, y el contador Daniel Pérez Gadín. “No es delito contar dinero. Lo que determina el llamado a indagatoria es el dónde, el cuándo y el cómo. Puede ser que no sea delito en un banco, pero acá es otra cosa”, subrayó.
En relación al rol de CFK en los hechos, Ottavis se sumó a Máximo y Moreno y aseguró: “Es una de las pocas políticas de la Argentina que puede justificar su patrimonio”. Según el funcionario camporista, que condenó las imágenes difundidas y la corrupción, los bienes están “justificados por el trabajo que hizo con Néstor Kirchner”.
La AFIP desistió de embargar a López
La AFIP pudo haber embargado las cuentas de Cristóbal López tres años y medio atrás, según trascendió ayer, por una deuda de 110 millones de pesos del impuesto a los combustibles. Ahora el organismo que conduce Alberto Abad, bajo la gestión de Cambiemos, le reclama al empresario K el pago de 8.000 millones. Ese dinero, según la denuncia, fue utilizado por López para fondear otros negocios y expandir su imperio, el Grupo Indalo. El expediente iniciado por la AFIP es del 3 de agosto de 2012 y el juez Elías Tapia había ordenado el embargo. Pero nunca se hizo.
El juez Sebastián Casanello imputó al expresidente por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. También fueron procesadas otras 33 personas y se ordenó un embargo multimillonario.
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