En el mismo se busca dar respuestas urgentes al reclamo  de las Personas con Discapacidad (PCD),   

La situación que vive nuestro país a partir de propagación (COVID-19)y que  sufre la sociedad, afecta en simultáneo aspectos  sanitarios económicos y sociales.
Se hace evidente que las PCD se encuentran en condiciones de máxima vulnerabilidad.  Asegurar el derecho a la salud y garantizar una vida autónoma e independiente a las PCD son obligaciones ineludibles para el Estado tal como lo señalan nuestras leyes y la propia Constitución Nacional.

La situación actual agrava la posibilidad de conseguir empleos, sin trabajo no hay Obra Social  perdiendo así acceso a la salud, a las ayudas y apoyos necesarios. 
Las pensiones no contributivas sólo alcanzan a una minoría de las PCD. Y aquellas que han accedido a una Pensión No Contributiva a nivel Nacional reciben $ 12.000 mensuales, mientras que quienes perciben una pensión otorgada en la Provincia de Buenos Aires las mismas son de entre $ 850  a $ 1200 mensuales.  Las cifras son por demás elocuentes para verificar el nivel de desprotección al que se está sometiendo a un sector tan vulnerable de nuestra sociedad. 

Por esto,  desde el colectivo de las Personas Con Discapacidad y distintas asociaciones se ha solicitado al Gobierno Nacional   que arbitre los mecanismos necesarios para proveer el acceso al INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE) y/o a la tarjeta ALIMENTAR  a todas las Personas con Discapacidad que lo soliciten.