“Hoy al mediodía vamos a tener una reunión con todos los directores de Enacom para empezar a diseñar una tarifa social que pueda cumplir con las expectativas de la gente”, dijo Ambrosini en diálogo con una radio porteña.
Agregó que “el objetivo es que la gente se pueda educar y acceder a un servicio lógico en cuanto a prestaciones", y sostuvo que la idea es que el servicio "tenga el alcance suficiente para evitar que en dos minutos te quedes sin datos o sin llamar por teléfono”.
En respuesta a críticas de la oposición al DNU firmado por el Ejecutivo, Ambrosini afirmó que “se habla de estatizaciones" cuando se está "muy lejos en el espíritu del DNU de tener esa concepción”.
Ambrosini precisó que el objetivo es “sentarse con las empresas y pedirles que acompañen la marcha de la economía" ya que a nivel mundial y en la Argentina "no" se está "pasando por un buen momento”.
El funcionario dijo que aún no tiene información respecto de si algunas empresas afectadas por el DNU irán a la Justicia, aunque aseguró que desde el organismo no tienen "ningún temor".
"Sabemos de la manera que lo hicimos y de momento no tenemos ninguna comunicación de las empresas”, dijo.
El titular del Enacom agregó que “algunos personajes de la política hablaban de la desinversión y, si se compara con las prepagas, las empresas de medicina prepaga no dejaron de invertir porque se pusieron de acuerdo con el Gobierno en la formación de precios”.
Sobre la negociación con las empresas previa a la firma del decreto, Ambrosini relató que “propusieron aumentos que eran un poco elevados" y que entonces se les propuso "ver qué esfuerzo podían hacer".
"No obtuvimos respuesta, y allí se comenzó a pensar la medida”, explicó.
Por su parte, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, aseguró que el DNU es “una medida sensata” porque “en medio de la pandemia no se podía soportar un segundo aumento, ya que en marzo había habido un aumento de estos servicios”.
López explicó que, a través del decreto, “el Presidente (Alberto Fernández) considera la comunicación como un derecho humano básico, lo que hoy está reconocido por Naciones Unidas como algo imprescindible para el desarrollo de la vida humana”.
Además, aseguró el funcionario, “el tema era ver cómo el Estado recuperaba herramientas para dejar de ser un espectador cada vez que las empresas anunciaban aumentos de precios”.
El número dos del Enacom indicó que además de la tarifa social que se establecerá para estos servicios, “el Enacom invertirá un fondo de mil millones de pesos en infraestructura en los barrios populares”.
Sobre los cuestionamientos de la oposición a los términos del decreto, López afirmó que “en la Constitución está incorporado el derecho del consumidor y los tratados internacionales de derechos humanos, y este derecho a la comunicación es un derecho humano básico”.
