Según el gremio liderado por Roberto Mata Rodríguez, "se han reconocido los derechos de los trabajadores despedidos".
Desde ayer, 24 trabajadores despedidos de la sucursal de Diarco en Berazategui, acompañados por el Sindicato de Empleados de Comercio, han ocupado las instalaciones de la empresa exigiendo el pago de sus indemnizaciones. La empresa inicialmente aceptó negociar, pero luego rechazó el acuerdo alcanzado, lo que ha intensificado el conflicto laboral. Los empleados, muchos con más de 15 años de antigüedad, advierten que endurecerán las protestas si no se resuelve la situación.
Según denuncias de los trabajadores, la gerencia de Diarco estaría presionando a los empleados recientemente despedidos para que firmen su renuncia a cambio de recibir solo el 50% de la indemnización correspondiente por ley.
Un centenar de personas se presentaron en la puerta del mayorista e hicieron la entrega de un petitorio. Piden alimentos para los comedores que la agrupación maneja.
El Colegio de Martilleros de la provincia alerta sobre el creciente aumento de víctimas de estafas en alquileres de inmuebles de temporada.
El Municipio confirmó que el aguinaldo se abonará el 19 de diciembre y que el salario de fin de año tendrá un incremento del 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, como parte de la política de actualización salarial para los trabajadores municipales.
La Fiscalía de Quilmes solicitó cinco años de prisión efectiva y la detención inmediata para el administrador y el electricista del country Altos de Hudson II, acusados por la muerte de un niño de 11 años electrocutado en 2017. El veredicto del juicio se conocerá el lunes 22 de diciembre.
Vecinos y organizaciones ambientales cuestionan la consulta pública virtual convocada por el Municipio de Berazategui para el proyecto Puerto Nizuc, al advertir irregularidades en el procedimiento, plazos insuficientes y riesgos ambientales por el desmonte de bosque nativo en Hudson.
Familias de Quilmes denuncian una red de corrupción policial y judicial vinculada a desalojos ilegales y hechos de violencia institucional que se arrastran desde 2011 y se reactivaron en 2025. Aseguran que hay menores en riesgo, órdenes apócrifas y connivencia estatal, y reclaman una intervención urgente ante la falta de respuestas.