Un único aumento anual y lo más lejos de las elecciones posible. Esa es la premisa del Gobierno para la política tarifaria del 2023 que, de todas formas, generará un gran revuelo durante el invierno en los picos de consumo.

Sucede que el atraso acumulado en los precios era muy importante y ahora, para poder reducir la enorme bola de subsidios, el Ministerio de Economía precisa acelerar el ritmo de actualizaciones.

El componente menos atrasado es el del propio precio del gas, más conocido como Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que este martes tuvo una corrección del 28,25% a partir de la Resolución 6/2023 publicada en el Boletín Oficial.

La misma ya se había actualizado fuertemente durante 2022 mediante el proceso de segmentación tarifaria, que avaló numerosas subas que ahora acumulan un alza del 230% desde mayo del 2022.

En este caso puntual, el ajuste tendrá un impacto de alrededor del 15% en las tarifas dado que este componente representa casi la mitad de la factura de gas. Según lo informado por la Secretaría de Energía, se llegó a este número tras proyectar un precio ponderado promedio de 5,22 dólares el millón de BTU, resultante de los 3,5 dólares que se pagan en el mercado local, los 9,91 dólares que se estima se abonarán a Bolivia y los 42,07 dólares por los cargamentos de GNL que vendrán entre mayo y septiembre.

El aumento solo tendrá impacto en la categoría de ingresos altos y los que no se hayan inscripto al RASE, mientras que los usuarios de menor poder adquisitivo no verán modificaciones y los de menores ingresos solamente si superan el umbral de consumo que subsidiará el Ejecutivo.

La parte más preocupante para el conjunto de la sociedad pasa por el siguiente aumento que deberá aprobarse en las próximas semanas, donde justamente se acumulan los atrasos mas significativos luego de tres años de subas mucho menores a la inflación: el Valor Agregado de Distribución (VAD).

El componente que hace referencia a la distribución y al transporte estuvo en el centro de la escena la semana pasada en una audiencia pública de alto voltaje en la que las empresas alertaron que la seguridad del sistema corre riesgos si no se autorizan las subas solicitadas, que rondaron entre el 130% y el 190%.

Si bien el Gobierno no avalaría semejante salto, sí es consciente que tendrá que otorgar un aumento que por lo menos se asemeje a la inflación del 2022. En ese caso, una suba de entre el 80% y el 90% impactaría más de un 30% en la factura final, lo que, sumado al alza del PIST, totalizaría un incremento cercano al 50%.

El agravante pasa por los montos que los usuarios residenciales deberán afrontar durante el próximo invierno, donde los consumos se disparan por las bajas temperaturas. Como la segmentación comenzó luego del invierno del 2022 y la actualización del 2023 tendrá lugar antes de la temporada invernal, se juntarán dos aumentos consecutivos, provocando un alza que podría superar el 150% en muchísimos casos y en plena campaña electoral.

Es por eso que algunos miembros del Frente de Todos empiezan a debatir un aplanamiento de las facturas para que se pague lo mismo en invierno y verano. Es decir, repartir el consumo adicional del invierno entre los restantes meses del año para que no sean tan caras las facturas de dichos meses. La contracara sería el costo financiero de esta jugada y el impacto fiscal que podría alterar los números del acuerdo con el FMI.

Fuente - https://www.energiaonline.com.ar/el-precio-del-gas-aumenta-un-28-y-se-espera-un-fuerte-ajuste-por-transporte-y-distribucion/