En Villa Inflamable (Avellaneda), ubicada en medio de uno de los polos petroquímicos más grandes del país, sus jóvenes habitantes sobreviven en críticas condiciones habitacionales (casilla derruidas y hacinadas), con ausencia de redes cloacales, pluviales, de agua potable y eléctricas seguras. Respirando, pisando, bebiendo y comiendo los residuos contaminantes de Shell, Petrobras y compañía. Informes médicos dan que los niños y niñas que viven en la villa poseen el triple de plomo en sangre, en comparación a los niveles normales.
Sumada la pobre alimentación, que en la gran mayoría de las ocasiones satisfacen en los comedores y merenderos populares, los pibes no reciben la atención médica básica. Bebés, chicas y chicos de la barriada han fallecido esperando que lleguen al Hospital Fiorito las drogas necesarias para la quimioterapia.
Trabajadores del centro de salud vienen denunciando la ausencia de elementos para a la atención. En un comunicado de prensa firmado por la Cicop afirman que “actualmente, nuestro hospital no cuenta con reactivos de laboratorios para garantizar estudios para la comunidad de Avellaneda y el resto de la provincia que desee realizar determinaciones en nuestra institución”.
Lucha contra el cáncer infantil
Declarado en Luxemburgo en 2001, y creada por la Organización Internacional de Cáncer Infantil (CCI), el 15 de febrero fue definido como el Día Internacional de lucha contra las enfermedades oncológicas pediátricas.
Tomado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2018, entidad que informó que “cada año más de 400.000 niños son diagnosticados con cáncer en todo el mundo. Por otra parte, ese informe señaló que se estima que el cáncer fue la causa de muerte de 8544 niños menores de 15 años 2020, de ellos, 7076 en América Latina y el Caribe.
“La gran mayoría de los niños con cáncer viven en países de ingresos bajos y medianos (PIBM), donde enfrentan inequidades inaceptables en aspectos como la detección temprana, el diagnóstico y el acceso a tratamientos de calidad y cuidados paliativos” detalló la OMS” (Agrofy News, 15/2).
Según estadísticas brindadas por el Hospital Pediátrico Juan Garrahan, un promedio de 1.340 de niños y niñas contraen enfermedades oncológicas por año. Entre el 2000 y 2016 se reportaron 22.450 casos en niñes menores de 15 años. “El tipo de cáncer más frecuente en pediatría es la leucemia, con un 36,8% del total de los casos. La estadística restante está repartida en un conjunto de enfermedades diferentes que muchas de ellas tienen en común ser de origen embrionario, es decir, provienen de bases genéticas constitucionales, muchas de ellas no bien conocidas” dijo Pedro Zubizarreta, jefe del servicio de hematología y oncología de hospital” (Telam, 14/2/2020).
Con el objetivo de incrementar la tasa global de curación al 60% para el 2030, expertos en la materia informan que es fundamental el diagnóstico temprano y pronto tratamiento. En países como Argentina, lo que aumentó es el abandono. Excusándose en la pandemia, desde el ministerio de salud de la nación “justifican” la reducción por encima del 30%. Haciendo así responsables a los pacientes, tapando un ajuste fenomenal en los centros médicos.
El 30 de junio de 2022 se sanciona la ley 27.674 de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer. La cual dictamina que “el sistema público de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deben dar al niño, niña y adolescente con cáncer la cobertura de las prestaciones previstas en esta ley para la prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y toda la tecnología relacionada con el diagnostico oncológico”. Dicho dictamen crea el Instituto Nacional del Cáncer, a cargo del seguimiento y cumplimiento de la misma. Sumando el otorgamiento de un subsidio hasta el cumplimiento de los 18 años, igual a una asignación por hijo. La norma también hace referencia al “acceso a una vivienda adecuada o a la adaptación de la vivienda familiar a las necesidades del paciente”
En un país donde dos de cada tres chicos y chicas viven en situación de pobreza (informado por la Unicef). Estamos hablando del 51,5%, 6,8 millones de jóvenes privados de todo derecho básico. Dicha ley es papel mojado.
A 15 años de la sanción de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación instando al Estado a sanear la cuenca Matanza Riachuelo, el resultado es visible, las industrias siguen contaminando, sin ningún tipo de control. Les más de 2.000 vecines siguen en zona inhabitable. Y las enfermedades oncológicas son la demostración más clara de los efectos del ajuste.
Pasaron en esta década y media macristas, peronistas y kirchneristas, gobernando sin grietas para incrementar las gigantescas ganancias de los pulpos empresariales contaminantes y criminales. Su accionar, comenzando con un Acumar ausente en controles y falsificando estudios ambientales a favor de la especulación turística del Riachuelo, ubica al Estado como cómplice y responsable de las paupérrimas condiciones de vida.
Es hora de echarlos. Ganemos las calles por los derechos y reivindicaciones básicas de vida, comenzando por el cumplimiento de la ley 27.674 y el saneamiento de la cuenca. (Polo Obero Avellaneda)
