Se trató del primer paro de estatales contra el gobierno de Macri tras la puesta en marcha del polémico protocolo antipiquetes, que finalmente no se aplicó, luego de negociaciones con la conducción del gremio de estatales.

ATE, por otro lado, había presentado un pedido de hábeas corpus para que no se implementara el nuevo procedimiento contra los cortes de calles, pero fue rechazado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y Faltas de la Ciudad, que ratificó su vigencia.

Si bien contaba con el respaldo judicial, el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich no desalojó las calles aledañas a la zona de Plaza de Mayo, donde se produjo la concentración principal, conformada por manifestantes de ATE, La Cámpora, Kolina, el Frente de Izquierda y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros.

Sólo se registró una acción de la Policía Federal en la zona de avenida Corrientes y Callao, donde efectivos liberaron parte de la vía que se encontraba cortada desde las primeras horas de la mañana por militantes de partidos de izquierda.

El secretario general de ATE, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, advirtió al respecto que el protocolo antipiquetes “es un instrumento inconstitucional” y consideró que el Gobierno busca “intimidar”.

“El protocolo antipiquetes es un instrumento inconstitucional que nosotros cuestionamos en su legalidad, por eso nos presentamos ante la Justicia”, sostuvo el dirigente gremial.

Sobre el reclamo central por los despidos, Godoy subrayó que “el argumento de que eran ñoquis ni el propio Gobierno lo sostiene”, porque -subrayó- “han reconocido que lo que quieren es reducir personal”.

Antes del inicio de la jornada de protestas, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y Faltas de la Ciudad rechazó una acción de hábeas corpus preventivo contra el protocolo presentada por Bruno Martínez, miembro del Consejo Directivo de ATE Capital.

En el fallo, el tribunal resaltó que el manual aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial, “lo que da por tierra con cualquier posibilidad de menoscabo a la libertad ambulatoria, que en definitiva constituye el bien jurídico tutelado por ley”.

En primera instancia, la jueza Graciela Dalmas había ordenado medidas precautorias ante la posible aplicación del protocolo -como pedir que el Ministerio de Seguridad arbitrara los medios necesarios para que las fuerzas de seguridad no portaran armas de fuego, ni utilizaran balas de goma-, pero quedaron sin efecto tras la decisión de los magistrados Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch.

En tanto, según supo la agencia NA, el juez de menores Enrique Velázquez le pidió al Ministerio de Seguridad que explique qué medidas se adoptaron este miércoles en el microcentro porteño, ante otra acción de hábeas corpus presentada por organismos de derechos humanos.