Este viernes, el Gobierno Nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de reforma electoral con el objetivo de reducir el gasto público, transparentar los recursos que reciben los partidos políticos y mejorar la representatividad electoral.
El proyecto incluye la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), modificaciones a la Ley Orgánica de Partidos Políticos y cambios significativos en el sistema de financiamiento de las fuerzas políticas que compiten en los comicios.
Eliminación de las PASO
El vocero presidencial, Manuel Adorni, argumentó que las PASO se han convertido en una “encuesta millonaria” que beneficia exclusivamente a la clase política y perjudica la economía y el tiempo de los ciudadanos. “Solo en 2023 tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos. Desde su implementación en 2011, apenas diez agrupaciones políticas han definido internas presidenciales, y el 40% de ellas no alcanzaron el umbral del 1,5% para participar en las elecciones generales”, explicó.
Cambios en la Ley Orgánica de Partidos Políticos
La reforma también busca evitar la proliferación de “sellos de goma” con fines recaudatorios. Según el proyecto, las agrupaciones partidarias deberán contar con el 0,5% de afiliados del padrón electoral y obtener al menos el 3% de los votos en dos elecciones consecutivas para conservar su personería jurídica. Para los partidos nacionales, será obligatorio tener presencia en al menos diez distritos, el doble de los cinco requeridos actualmente. Además, se implementará una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones, con plazo hasta 2026 para que las agrupaciones se adapten a las nuevas reglas.
Nuevo sistema de financiamiento
En el ámbito del financiamiento, el Ejecutivo propone eliminar los aportes públicos a las campañas políticas y elevar los topes de donaciones privadas. Actualmente fijado en 40 millones de pesos, el nuevo límite sería de 300 millones por persona jurídica. También se suprimirán los espacios de publicidad electoral financiados por el Estado, manteniendo solo un único aporte anual proporcional a los resultados de cada fuerza.
Otros puntos clave de la reforma
La propuesta incluye reducir de ocho a tres días previos a los comicios la prohibición de publicar encuestas y crear la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral, quien tendrá un rol central en la supervisión del proceso electoral.
El proyecto será debatido en el Congreso y, de aprobarse, marcaría un cambio sustancial en la forma en que se desarrollan las elecciones en el país, con un enfoque en la reducción de costos y un mayor protagonismo del financiamiento privado en la política.
