El expresidente Alberto Fernández fue procesado este miércoles por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros por parte de entidades estatales durante su gobierno. La decisión judicial incluye también a otras 33 personas y representa el primer procesamiento por corrupción que enfrenta el exmandatario.
Según el fallo, Fernández fue imputado por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, una figura penal que contempla penas de entre uno y seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Para el juez, quedó probado que el expresidente favoreció desde la Casa Rosada los negocios del bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada, María Cantero.
Martínez Sosa fue uno de los principales clientes del propio Fernández entre 2010 y 2019, cuando el expresidente se desempeñaba como abogado y lobista. Con la llegada de Fernández al poder, sus negocios se habrían multiplicado: durante su gestión, el bróker recibió comisiones por más de 2250 millones de pesos, lo que representó casi el 60% del total pagado por Nación Seguros, muy por encima del segundo intermediario, la empresa de Pablo Torres García, que obtuvo apenas el 17%.
Entre las medidas adoptadas, Casanello dispuso un embargo de $14.634 millones sobre los bienes de Alberto Fernández, y avanzó también sobre otras figuras clave en la estructura: María Cantero, procesada por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública; Héctor Martínez Sosa, como partícipe necesario; y Alberto Pagliano, exjefe de Nación Seguros, por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.
Además, la investigación incluye acusaciones por lavado de dinero y cohecho. El juez sospecha que el exfuncionario Mauro Tanos y su esposa habrían recibido sobornos por parte de aseguradoras, canalizados a través de cooperativas. En ese marco, también fueron citadas a indagatoria ocho compañías de seguros, y se ordenaron allanamientos en empresas vinculadas al esquema.
El rol directo de Fernández
El juez Casanello destacó en su resolución que, mientras en el plano formal el gobierno dictaba normas para centralizar las contrataciones en Nación Seguros —como el decreto 823/2021—, en la práctica se desarrollaba una operatoria paralela que beneficiaba a un círculo íntimo del entonces presidente.
Fernández, según el fallo, "tenía un rol clave": no solo respaldaba públicamente a Martínez Sosa, incluso posando con él en fotografías que servían como “activo” comercial, sino que también intervenía directamente cuando era necesario allanar obstáculos. Así ocurrió, por ejemplo, cuando gestionó ante el entonces canciller Santiago Cafiero para que Martínez Sosa no perdiera el negocio de los seguros en la Cancillería, y cuando evitó la remoción de Gustavo García Argibay, directivo de Nación Seguros vinculado al bróker.
Para Casanello, esto demuestra que la influencia del expresidente no era simbólica, sino “real y efectiva”, y que, cuando los respaldos tácitos no alcanzaban, Fernández actuaba personalmente para sostener los intereses de su entorno privado.
Segunda causa judicial
Este procesamiento se suma a otra causa que ya enfrenta el expresidente: en abril, la Cámara Federal confirmó su procesamiento por lesiones y amenazas contra su expareja, Fabiola Yáñez, en un caso de violencia doméstica.
La causa de los seguros, sin embargo, marca un punto de inflexión al involucrar hechos de corrupción estructural en el manejo de recursos del Estado, con impacto económico millonario y un entramado que involucra tanto a funcionarios públicos como a empresas privadas.
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