M.S.BONFIGLI
El Gobierno nacional decidió dar de baja los subsidios energéticos para 15.500 usuarios de barrios de alto poder adquisitivo, incluyendo Puerto Madero, countries y clubes de campo, donde se detectaron miles de casos de falsificación de ingresos para acceder a beneficios estatales. La medida afecta también a barrios exclusivos de Hudson, en Berazategui, donde incluso residen varios funcionarios públicos que, al momento de inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), se declararon como pobres o de ingresos medios.
La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y será oficializada en los próximos días mediante el Boletín Oficial. El objetivo es corregir una distorsión histórica que permitió que sectores privilegiados accedieran a subsidios financiados por toda la ciudadanía. Se estima un ahorro fiscal superior a los 3.000 millones de pesos, solo por esta medida.
“Es inadmisible que en barrios donde hay piletas climatizadas, consumos descomunales de energía y casas valuadas en millones de dólares, sus habitantes figuren en el sistema como si vivieran en condiciones de vulnerabilidad. La energía cuesta, y quien pueda pagarla, debe hacerlo”, sentenció Adorni.
Entre los barrios mencionados se destacan:
Hudson I
Fincas de Hudson
El Carmen
Nueva Quilmes
Nordelta (con el 10% de sus usuarios subsidiados)
Campo Grande
Santa Bárbara
San Sebastián
El Cantón (Escobar)
Pilar del Este, entre otros.
En el caso de los countries y barrios cerrados, el Gobierno detectó consumos eléctricos similares a los de una pyme, que duplican y hasta triplican el promedio nacional de 250 kWh mensuales. Muchas de estas propiedades cuentan con lujosas instalaciones: piletas climatizadas, sistemas centralizados de climatización, iluminación perimetral constante, etc.
Especial preocupación generó el hallazgo de funcionarios públicos viviendo en barrios cerrados de Hudson que también figuraban como beneficiarios de subsidios para “ingresos bajos”. La situación no solo revela una grave irregularidad, sino también una falta de ética elemental en el uso de recursos del Estado.
La recategorización será automática y quienes resulten excluidos podrán iniciar un trámite de revisión individual, mediante declaración jurada a través de la plataforma TAD. Allí deberán justificar con documentación fehaciente por qué deberían mantener el subsidio.
Esta corrección forma parte del plan fiscal del Gobierno, que busca sostener el superávit primario y reducir gastos ineficientes. En abril, los subsidios cayeron un 66,3% interanual en términos reales, mientras que los subsidios energéticos se redujeron un 78,1%, ubicándose en $252.000 millones en lo que va de 2025, frente a los $1,397 billones de 2022.
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