El escándalo sanitario por el fentanilo contaminado continúa ampliándose en el país y ya se cobró al menos 14 vidas confirmadas, todas ellas tras recibir el medicamento en el Hospital Italiano de La Plata. A estas muertes se suma un posible nuevo caso registrado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, entre las víctimas fatales se encuentran cuatro personas oriundas de la Región: dos de Chascomús, una de Maipú y una de Mar del Plata. También se registraron decesos de pacientes de La Plata, Lobos, Berazategui, San Carlos de Bolívar y Ensenada.
El brote se originó a partir del uso de un lote de fentanilo —un potente opiáceo— contaminado con bacterias peligrosas. Se trata del lote 31202, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, que fue suministrado por vía endovenosa en el nosocomio platense. Las ampollas contenían Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, dos bacterias asociadas a infecciones intrahospitalarias graves.
Los pacientes afectados desarrollaron síntomas severos como fiebre, hipotensión y bacteriemia, que en más de la mitad de los casos derivaron en un shock séptico letal. Según datos oficiales actualizados al 16 de mayo, ya se contabilizan 66 personas afectadas, de las cuales 54 fueron confirmadas y 12 permanecen bajo investigación como casos sospechosos.
El medicamento en cuestión fue fabricado en diciembre de 2023 y tenía fecha de vencimiento en septiembre de 2026. A raíz del brote, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la clausura inmediata de las operaciones de los laboratorios involucrados, luego de detectar múltiples irregularidades.
Paralelamente, la Justicia Federal, a cargo del juez Ernesto Kreplak, dispuso allanamientos en las sedes de HLB Pharma, ubicada en San Isidro, Laboratorios Ramallo y la droguería Nueva Era, responsable de distribuir el producto desde Rosario.
En el centro de la escena judicial aparecen los empresarios Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y socio del dirigente sindical Víctor Santa María, y Ariel Salinas, titular de Laboratorios Ramallo, quien ya había sido vinculado en su momento con el escándalo de la mafia de los medicamentos.
La investigación sigue su curso y no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días. En tanto, crece la preocupación por la cadena de fallas en los controles sanitarios que permitió que un fármaco contaminado llegara a hospitales y provocara múltiples muertes a lo largo del país.
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