Esta controversia se origina luego de que, en noviembre de 2013, la Unión Europea impusiera un derecho anti-dumping que implicó, en la práctica, el cierre del mercado europeo al biodiesel argentino, principal abastecedor entonces en aquel mercado. La medida representó una pérdida de exportaciones argentinas de biodiesel equivalente a casi 1600 millones de dólares anuales.

Argentina decidió entonces llevar ante el órgano de solución de Diferencias de la OMC un reclamo respecto de la ilegalidad de la medida impuesta, en función de que, a fin de justificar la misma, la Unión europea había procedido a realizar ajustes en los costos de producción de las empresas exportadoras con la excusa de que los mismos se hallaban distorsionados por la existencia de los derechos de exportación.

Tras más de dos años de litigio internacional, el Panel de expertos de la OMC coincidió con los argumentos presentados por el equipo liderado por la Cancillería argentina y conformado por especialistas de este Ministerio y del sector privado exportador, y le dio la razón a la Argentina respecto de la inconsistencia de dichos ajustes. Argentina había solicitado además que se declarara ilegal en sí misma a la normativa europea que regula las investigaciones antidumping, si bien el Grupo especial determinó que no se había llegado a probar dicha inconsistencia, por lo que se abstuvo de hacerlo.

Si bien por tratarse de una primera instancia cualquiera de ambas partes puede solicitar su revisión ente el órgano de Apelación de la OMC, este fallo representa el primer paso hacia la reapertura del mercado europeo para el biodiesel argentino. Este logro demuestra la eficacia de la coordinación de esfuerzos entre el gobierno y el sector privado, y la férrea decisión de la Cancillería argentina de procurar, a través de todos los mecanismos disponibles, el acceso a los mercados internacionales de los productos argentinos, como instrumento de desarrollo nacional