Denuncia del diario hoy: Las manos sucias de De Vido en Berazategui

Mal momento para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien no solo se encuentra imputado en la causa por la ruta del dinero K, sino que también deberá dar explicaciones por su participación en grandes negociados efectuados bajo su gestión con la obra pública, entre ellas las de la planta depuradora “Del Bicentenario” y la de tratamientos de fluentes de Berazategui, dadas a empresas amigas del poder, y que se encuentran bajo la mira por sobreprecios y distintas anomalías.

Según una denuncia radicada en el Juzgado Federal Nº 7 a cargo del juez Sebastián Casanello, por el empresario Aldo Emilio Seidler, la causa Nº 2884/16, se pide investigar al exhombre fuerte del gobierno kirchnerista por el discrecional manejo de la obra pública, haciendo hincapié en las efectuadas en territorio de Juan Patricio Mussi, el alcalde favorito de De Vido.

De acuerdo a la acusación, las empresas elegidas para ejecutar estas obras fueron Coarco S.A (una de las mayores destinatarias de las obras bajadas desde el ministerio de De Vido) y Eleprint S.A (cuyo dueño es Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción), a quienes se las acusa de sobreprecios y sobrefacturaciones, y de quedarse con negocios en suelo berazateguense por más de $400 millones.

Ilegalidades al por mayor

Al momento del desarrollo de la obra de la planta depuradora, Eleprint no podía funcionar por tener el CUIT de la empresa suspendido por la causa iniciada por la AFIP por las facturas truchas, entonces se habría tomado el Cuil de Coarco a través de una UTE (Unión Transitoria de Empresas), sin que eso importara para las autoridades nacionales.

A través de esta UTE, se sospecha que las empresas ofrecían menos dinero que la base original para ganar las licitaciones, y una vez adjudicadas, realizaban estudios por los cuales conseguían cuantiosos fondos del Estado en concepto de ampliaciones de obras, que eran dados por los funcionarios del Ministerio de Planificación sin el menor análisis del por qué y cómo eran solicitados.

Una de las maniobras hechas por las empresas, habría sido la de comprar material de menor calidad a pesar de ser facturado como de primera calidad, y luego como no eran los adecuados para esas obras, se rompían al poco tiempo de ser inauguradas, por lo que eran nuevamente contratadas por el Estado nacional para arreglar algo que ellos mismos habían propiciado por el mal estado de los materiales que imponían en la construcción.

Negocios turbios

Eleprint S.A, que tiene entre sus directivos al actual vicepresidente de Estudiantes de La Plata, Pascual Caiella, es una empresa que está íntimamente relacionada con el Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (SOSBA), que dirige Julio Castro.

El nexo del gremio con la empresa es el exesposo de la vedette María Eugenia Ritó, el abogado platense Marcelo Salinas, quienes a través de las firmas Mako S.A y 5 de Septiembre SA (vinculadas a Salinas) y Gral. Saneamiento SA (ligada al SOSBA). Esto llevó a que en el año 2013, todas ellas junto a Eleprint S.A resultaran adjudicatarias del negocio de la construcción de la planta potabilizadora de Punta Lara por más de 150 millones de dólares. avanzando con ello en la privatización del servicio del agua en la provincia. 

Desde Hoy, mostramos el pasado 13 de marzo, como estas empresas, responsables directas del vaciamiento de ABSA, están implicadas además en la construcción de un edificio en la esquina de 7 y 35.

Salinas y Caiella formaron parte del estudio jurídico de Jorge Salomoni (fallecido en 2006), quien fuera secretario de Obras Públicas de Carlos Grosso, y que junto a Roberto Dromi, fue uno principales ideólogos jurídicos de las privatizaciones hechas en los ´90, que pusieron la bandera de remate al patrimonio nacional. 

Fotografía del descontrol estatal

En las obas realizadas en Berazategui, tanto Eleprint S.A como Coarco S.A, eran beneficiadas en forma totalmente irregular por el propio Estado nacional al contratar para hacer los controles del seguimiento de la obra, a la firma STI Argentina S.A, que pertenecía al mismo holding empresarial del cual Coarco era su bandera de batalla.

Esta evidente falta en los controles por parte del kirchnerismo, es una muestra más de cómo las empresas amigas del poder K, lograban ser favorecidas con inmensidad de procederes por parte del ministerio que conducía Julio De Vido, quien hacía la vista gorda a los negociados que corrían a su alrededor, y que le costaron al Estado nacional cientos de millones de pesos durante la mal llamada década ganada.

Boudou también implicado

El cuestionado exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, se encuentra también imputado en esta causa que lo tiene a De Vido como uno de los nombres visibles de la desidia kirchnerista.

La empresa Coarco S.A, socia de Eleprint S.A en la construcción de diversas obras en la localidad de Berazategui, tenía como uno de sus sostenes políticos la relación que se había construido con el exnúmero 2 de Cristina Kirchner, ufanándose en público y privado de dicha conexión.

El empresario denunciante en la causa, Aldo Emilio Seidler, fue apretado para que no realizara la acusación en la Justicia, recibiendo un sugerente mensaje que decía: “no nos jodas más, somos amigos de Boudou y podemos hacer que te calles para siempre”.