"Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos dirigentes, autoridades del MAS no sigan hostigados, perseguidos, amenazados. Quiero decirles la lucha no termina acá, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad y la paz. Lamento mucho este golpe", expresó notablemente golpeado el ex mandatario.
Evo Morales apreció en la televisión para anunciar su renuncia, tras lamentar un "golpe cívico" y que la Policía se hubiera replegado a sus cuarteles en los últimos días.
Morales pidió a los líderes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, a los que acusa de instar un golpe de Estado para echarle del poder, que "no maltraten" a los bolivianos y les "dejen de patear".
Aseguró que estará en un futuro en el trópico de Cochabamba, la zona de Bolivia desde la que inició su carrera política, tras una serie de rumores sobre su salida del país.
"No tengo por qué escapar", declaró Morales, porque "no he robado nada (...) Mi pecado es ser indígena, dirigente sindical, cocalero".
Manifestó que envío su carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
"Irregularidades"
Bien temprano, la OEA emitió en un comunicado: "La primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente (...) tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral".
Según la OEA, "en los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas". La Fiscalía General de Bolivia abrió luego una causa contra los siete miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afines al presidente Evo Morales, por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas por la OEA.
Morales, en el poder desde 2006, había accedido a un cuarto mandato hasta 2025 en primera vuelta con el 47,08% de los votos y más de 10 puntos porcentuales por delante de Mesa (36,51%), según el cómputo oficial objetado por la oposición.