El “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas“, conocido popularmente como “ciberpatrullaje”, comenzará a implementarse en Argentina e integrará a las cuatro fuerzas federales. Las mismas dispondrán de 20 días para amoldarse a la nueva normativa.
Según se indica en el texto, se entiende como “fuentes digitales abiertas” a “los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas, conforme lo normado en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y sus normas reglamentarias”.
Al mismo tiempo, se aclara que “los principios, criterios y directrices generales del Protocolo General serán de aplicación subsidiaria, en lo pertinente, a las tareas de investigación criminal que realizan los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad como órganos auxiliares de la justicia, en tanto impliquen una doctrina compatible con las instrucciones que impartan los magistrados y permitan su mejor ejecución”.
Delitos a los que se abocará el Protocolo de “ciberpatrullaje”
Entre los delitos a los que deberá adaptarse la Policía Federal, la de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval se encuentran, principalmente, aquellos que corresponden a la “comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos; a la venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al COVID-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente; y a los ataques informáticos a infraestructura crítica —especialmente a hospitales y a centros de salud”.
El anexo de la resolución sobre ciberpatrullaje, también incluye como objeto de las tareas de prevención policial las “posibles conductas delictivas cuyo medio comisivo principal o accesorio incluya la utilización de sistemas informáticos con el fin de realizar acciones tipificadas penalmente como la trata de personas; el tráfico de estupefacientes; el lavado de dinero y terrorismo; conductas que puedan comportar situaciones de acoso y/o violencia por motivos de género, amenaza y/o extorsión de dar publicidad a imágenes no destinadas a la publicación; y delitos relacionados con el grooming y la producción, financiación, ofrecimiento, comercio, publicación, facilitación, divulgación o distribución de imágenes de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes“.
Entre los considerando de la resolución también se estipula que la ministra de Seguridad coordinará una Mesa Consultiva que se reunirá cada dos meses (en tanto y en cuanto continúe la emergencia sanitaria), para controlar la aplicación de las reglas del Protocolo General.
