Convenios “inverosímiles” para favorecer a “políticos y no a la empresa”, contratos con univesidades nacionales, alquileres de viviendas que nadie ocupaba, gastos siderales en publicidad, y líneas de celulares para gente ajena a la empresa. Esas son solo algunas de las irregularidades con las que encontró la nueva intervención de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) apenas puso un pie en el lugar. 

Su primera medida fue cortar con esos gasto y se generó un ahorro inicial de $80 millones. 

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es la empresa minera que el kirchnerismo buscó estatizar antes de retirarse de la Casa Rosada y una de las fallidas promesas energéticas de Cristina Kirchner. Sin obtener las manos suficientes en el Congreso, la firma continúa intervenida por el Estado nacional y las nuevas autoridades detectaron gastos millonarios destinados "a contratos y servicios que no eran para YCRT sino para gastos políticos".

Estuvo por doce años manejada por Planificación Federal. “Encontramos gastos innecesarios y pagos astronómicos de alquileres, teléfonos y publicidad. Sospechosos gastos políticos financiados con fondos públicos fueron rápidamente identificados y cancelados”, explicaron a Clarín desde el entorno de Omar Zeidán el nuevo interventor de YCRT.

Entre los gastos “injustificados”  con los que se encontraron en la empresa, detectaron una enorme “falta de gestión y una serie de contratos que hacían un uso político de la empresa”.

YCRT es la responsable de generar 112.320 toneladas mensuales de carbón que demanda la Usina Térmica que costó unos 700 millones de dólares. Nunca se logró cumplir con dicha cantidad  y desde el 30 de noviembre la única caldera que estaba en funcionamiento tuvo que apagarse por falta de carbón.

La Usina ya no genera energía y su obra civil está detenida por los $800 millones en certificación de obra que dejó sin aprobar De Vido antes de dejar el Ministerio. "Carbón hay, sólo es una empresa mal gestionada, vamos a ponerla en pie", expresó una de las nuevas autoridades.

En la revisión de números y análisis de documentación, pusieron fin a una serie de convenios con la Universidad Tecnológica Nacional denunciados por “falta de transparencia” y otros convenios con la Universidad de La Matanza. Desde YCRT explicaron que estos acuerdos con las casas de altos estudias evadían cualquier tipo de control administrativo y que se efectúen los procesos licitatorios correspondientes. 

La primera evaluación realizada por Zeidán determinó que estos contratos “servían a los funcionarios kirchneristas para digitar los gastos y destinar millones a contratos y servicios que no eran para YCRT sino para gastos políticos” y que con dichas contrataciones “disimulaban gastos innecesarios enmascarándolos como grandes medidas, amparados en la legitimidad que le otorgaban las universidades nacionales”, expresaron a través de un documento oficial.

En este marco, las nuevas autoridades detectaron contratos firmado con el Ministerio de Planificación Federal con la Universidad de la Matanza: 92 contratos por más de $21 millones.

“Son convenios insólitos destinados a financiar amigos del gobierno, supuestos asesores, y periodistas que jamás estuvieron en La Cuenca y no tienen nada que ver con la empresa”, denunciaron desde la nueva intervención.  Del mismo estilo eran doce contratos por $5 millones para pagar a “profesionales de la Universidad de Buenos Aires”. 

Además, se suspendieron los contratos de 29 personas, todas relacionadas con el poder político provincial, que no se desempeñaban efectivamente en la empresa y se destinaba una partida de $3 millones para cubrir esos salarios. En 2015 YCRT recibió de Nación $3.048,9 millones, mil millones más que en 2014, de los cuales el 74% de los fondos se destinan al pago de sueldos de sus 1.900 empleados, una planta que se triplicó desde 2004. Esto comenzó a revisarse con la nueva intervención.

Entre los gastos recortados Zeidán decidió cancelar el pago de tres viviendas que permanecían alquiladas sin ocupación permanente y sólo se tenían cuando “había visitas del ministerio de De Vido”, explicaron.

Esto insumía unos $400 mil mensuales. Paralelamente, se estaba alquilando un departamento en Capital Federal (por $200 mil mensuales), para el interventor de la empresa minera que pasaba la mayor parte del tiempo en la Cuenca carbonífera.

Sólo en gastos de propaganda y publicidad encontraron partidas presupuestarias por encima de los $4 millones. Se trataban de contratos con medios nacionales y algunos directos con periodistas tanto nacionales como provinciales. 

Los recortes llegaron también a las líneas telefónicas: más de 85 “utilizados por personas ajenas a la compañía, personal del Ministerio de Planificación, o del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz” se especificó en el informe. El ahorro de estas líneas es de 60 mil pesos mensuales lo que representa unos 720 mil pesos anuales.

“En pocos días logramos ahorrar 80 millones de pesos que permitirán realizar obras, comprar equipamientos y poner en funcionamiento sectores de la empresa que hoy están paralizados. Vamos a seguir trabajando mucho en esta dirección” remarcó Omar Zeidana Clarín.