
EXTORSIÓN Y COACCIÓN EN PLANES SOCIALES: 24 ALLANAMIENTOS EN BERAZATEGUI Y EL CONURBANO
La Prefectura Naval Argentina ejecutó múltiples operativos en sedes de movimientos sociales en el sur del conurbano, por orden del Juzgado Federal de Quilmes.

La Prefectura Naval Argentina ejecutó múltiples operativos en sedes de movimientos sociales en el sur del conurbano, por orden del Juzgado Federal de Quilmes.

Bajo la consigna "El hambre es el límite", los movimientos sociales realizarán 500 cortes en todo el país, al mismo tiempo que se llevarán a cabo bloqueos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
El programa, que actualmente beneficia a 1,2 millones de personas con la mitad de un salario mínimo, vital y móvil, dejará de existir con su denominación actual, y pasarán a otro dos programas. Uno de los cambios centrales es que las organizaciones piqueteras perderán toda injerencia en el programa.

El Colegio de Martilleros de la provincia alerta sobre el creciente aumento de víctimas de estafas en alquileres de inmuebles de temporada.

El Municipio confirmó que el aguinaldo se abonará el 19 de diciembre y que el salario de fin de año tendrá un incremento del 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, como parte de la política de actualización salarial para los trabajadores municipales.

La Fiscalía de Quilmes solicitó cinco años de prisión efectiva y la detención inmediata para el administrador y el electricista del country Altos de Hudson II, acusados por la muerte de un niño de 11 años electrocutado en 2017. El veredicto del juicio se conocerá el lunes 22 de diciembre.

Vecinos y organizaciones ambientales cuestionan la consulta pública virtual convocada por el Municipio de Berazategui para el proyecto Puerto Nizuc, al advertir irregularidades en el procedimiento, plazos insuficientes y riesgos ambientales por el desmonte de bosque nativo en Hudson.

Familias de Quilmes denuncian una red de corrupción policial y judicial vinculada a desalojos ilegales y hechos de violencia institucional que se arrastran desde 2011 y se reactivaron en 2025. Aseguran que hay menores en riesgo, órdenes apócrifas y connivencia estatal, y reclaman una intervención urgente ante la falta de respuestas.