Se trata de los oficiales de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Berazategui, Fabián Darío Rodríguez y Esteban Gastón Solís.
Ambos son acusados de haber participado el año pasado del secuestro extorsivo de un hombre de nacionalidad peruana en el barrio porteño de Monserrat al que amenazaron con armarle una causa por narcotráfico
Tres policías del Comando de Patrullas de Florencio Varela fueron detenidos acusados por los delitos de hurto y extorsión, de los cuales fue víctima un vecino, a quien de su vivienda le habrían sacado $60.000.
La Justicia procesó con prisión preventiva a la mujer que, de manera anónima, extorsionó a una de sus mejores amigas con revelar un secreto que le había contado y amenazó con abusar de sus hijas si no depositaba en varias entregas una suma superior a los 200 mil pesos.
La mujer manipuló a su amiga por casi siete meses de manera anónima. Llegó a decirle que violaría a sus hijas.
El Colegio de Martilleros de la provincia alerta sobre el creciente aumento de víctimas de estafas en alquileres de inmuebles de temporada.
El Municipio confirmó que el aguinaldo se abonará el 19 de diciembre y que el salario de fin de año tendrá un incremento del 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, como parte de la política de actualización salarial para los trabajadores municipales.
La Fiscalía de Quilmes solicitó cinco años de prisión efectiva y la detención inmediata para el administrador y el electricista del country Altos de Hudson II, acusados por la muerte de un niño de 11 años electrocutado en 2017. El veredicto del juicio se conocerá el lunes 22 de diciembre.
Vecinos y organizaciones ambientales cuestionan la consulta pública virtual convocada por el Municipio de Berazategui para el proyecto Puerto Nizuc, al advertir irregularidades en el procedimiento, plazos insuficientes y riesgos ambientales por el desmonte de bosque nativo en Hudson.
Familias de Quilmes denuncian una red de corrupción policial y judicial vinculada a desalojos ilegales y hechos de violencia institucional que se arrastran desde 2011 y se reactivaron en 2025. Aseguran que hay menores en riesgo, órdenes apócrifas y connivencia estatal, y reclaman una intervención urgente ante la falta de respuestas.