El Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió desafectar a 400 policías que participaron de las protestas frente a la Quinta de Olivos realizadas en septiembre del año pasado en medio de un conflicto salarial.

La decisión fue confirmada por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien aseguró: “Todos los que fueron sumariados es porque no cumplieron con su deber; el que los castiga es la ley, no Asuntos Internos”.

La decisión surge a pocas horas de una nueva protesta de miembros de la fuerza, que están reclamando aumentos de salarios.

Fuentes de la cartera de Seguridad, en diálogo con El Editor Platense, contaron que “distintos sectores de la sociedad pensaron que lo ocurrido en septiembre ya pasó, pero esto viene de un proceso de auditoría en contra de los sublevados y que se terminó resolviendo esta semana”. Desde el ministerio anticiparon que los desafectados serán los más de 1.800 ya que “se manifestaron fuera de la ley”.

En ese marco, los policías habían convocado a través de las redes sociales una nueva protesta para este jueves para exigir aumento de las horas CORES, vestimenta, equipamiento, chalecos antibalas, entre otros reclamos.

“Creemos que esta convocatoria tiene que ver con que estos mismos insurrectos ya sabían que se venían las sanciones. Pensaron que se podían manejar como querían“, expresó la fuente consultada.

Tanto el gobernador, Axel Kicillof, como el ministro de Seguridad, Sergio Berni, están al tanto de los pedidos de los agentes y vienen trabajando con el nuevo Programa de Fortalecimiento de Seguridad por $38.000 millones para los distritos bonaerenses del AMBA; contempla la adquisición de más de 2 mil móviles destinados para la Policía de la provincia, equipamiento, tecnología, cámaras de seguridad y paradas seguras; además incluye la construcción de nuevas unidades penitenciarias con más de 5 mil plazas, además del despliegue de fuerzas federales.

“Los oficiales deben ajustarse al reglamento interno de la fuerza y rendir cuenta a la sociedad, porque se levantaron en contra de la Constitución”, concluyó la fuente.

Las cédulas de notificación para cada oficial desafectado ya fueron emitidas. De acuerdo a documentación interna firmada por el auditor Joaquín María García y fechada el 8 de febrero, la sanción fue adoptada en “presunta infracción al decreto 1050/09″.