La destrucción del ecosistema costero de Hudson continúa a plena luz del día. Mientras las topadoras del emprendimiento Puerto Nizuc avanzan sobre un nuevo sector de humedales y bosque nativo —fuera del perímetro original del barrio cerrado—, la Justicia bonaerense elige el silencio y la inacción.
El pasado 22 de septiembre, distintas organizaciones ambientales de Berazategui presentaron una nueva denuncia ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Quilmes, a cargo del juez Hugo Guarnieri, alertando sobre la destrucción de una franja natural que permanecía intacta entre Puerto Nizuc y Pueblos del Plata.
Pero lejos de ordenar una inspección o frenar los desmontes, Guarnieri desoyó el reclamo y se desligó del expediente, enviándolo a la Cámara, que lleva más de dos años y medio sin resolver la apelación de una medida cautelar que debería haber frenado las obras.
Una justicia que protege a los poderosos
La historia no es nueva. La demanda original, presentada en febrero de 2021, pedía el cese del daño ambiental y la recomposición de los humedales afectados por la construcción del barrio. En su momento, Guarnieri rechazó la medida cautelar que buscaba detener las obras hasta tanto se evaluara el impacto ambiental.
Recién después de una apelación, la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó detener los trabajos, pero el juez levantó la medida a pedido de la empresa desarrolladora, sin respetar los plazos ni los requisitos legales.
Desde entonces, Puerto Nizuc siguió construyendo sin control, dentro y fuera del predio, amparado por una cadena de decisiones judiciales irregulares y la inacción del Ministerio de Ambiente bonaerense y de la Municipalidad de Berazategui, que nunca respondieron los pedidos de información ambiental.
Los humedales, una víctima más del negocio inmobiliario
El nuevo desmonte denunciado agrava un cuadro de violaciones sistemáticas a la Ley General del Ambiente (N°25.675) y al Acuerdo de Escazú, que obligan a los jueces a actuar con rapidez y priorizar la prevención de daños.
En cambio, la respuesta del magistrado fue “pasar el expediente” a una Cámara que, como advierten los denunciantes, podría demorar años en intervenir, garantizando así que los daños sean irreversibles.
“La justicia bonaerense está dejando secar nuestros humedales en sus cajones”, denuncian las organizaciones, que acusan al juez Guarnieri de “favorecer una vez más a la empresa desarrolladora” y de “incumplir su deber de proteger el ambiente”.
Petitorio ciudadano
Ante la falta de respuesta institucional, los vecinos y colectivos ambientales impulsan un petitorio público para exigir que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Quilmes y Lomas de Zamora trate de inmediato la causa y garantice el cumplimiento de la cautelar.
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Mientras tanto, las máquinas siguen trabajando, los árboles caen y los humedales se secan.
Y la Justicia bonaerense, una vez más, mira hacia otro lado.
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