Luego de la trágica explosión en la escuela de Moreno que ocasió la muerte de dos personas, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) instruyó a las distribuidoras a revisar las instalaciones de gas en todas las escuelas y colegios del país que cuenten con el servicio de red.

La resolución 201/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial por el ente regulador con la firma del presidente del organismo Daniel Alberto Perrone y el resto del directorio, ordena a las empresas distribuidoras y subdistribuidoras que lleven adelante controles de seguridad en "todos los establecimientos educativos, oficiales y privados, en todos los niveles existentes en su área, con el objetivo de prevenir accidentes".

Para eso las empresas deberán diseñar de forma coordinada con las autoridades educativas "un protocolo de verificación y un plan de acción".

Según se desprende del texto de la norma, la medida estará "a cargo y costo" de las empresas distribuidoras. Tendrán como plazo máximo el 31 de octubre y "será independiente" del programa "Revisión Técnica Obligatoria", que se efectúa de manera periódica.

La decisión, aprobada por los directores Daniel Perrone, Carlos Casares, Diego Guichón y Mauricio Roitman, fue resuelta después de la crisis derivada por la voladura de la Escuela Primaria N°49 Nicolás Avellaneda ocurrida el 2 de agosto pasado. El hecho ocasionó que la vicedirectora Sandra Calamano, de 48 años, y el portero Rubén Rodríguez, de 45, fallecieran cuando encendieron las luces de la sala de profesores y se desató la explosión.

Los docentes culparon a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por el fatal accidente y lo atribuyeron a la falta de presupuesto para la infraestructura escolar.

Uno de los apuntados en la investigación judicial es el gasista Cristian Javier Ricobene, quien había concurrido un día antes al establecimiento por la pérdida de gas en una estufa.

El hombre quedó detenido luego de que se presentara a declarar espontáneamente ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Gabriela Urrutía.

También está imputado por "incumplimiento de deberes de funcionario" Sebastián Nasif, el ex interventor del Consejo Escolar de Moreno que renunció a su cargo tras la explosión en la escuela.