Sergio Massa ha decidido arrancar la semana con una impostura – presentar como un acto de soberanía o suficiencia económica al pago de 3.500 millones de dólares al FMI.
El ministro candidato se pavonea en que hará ese pago “sin tocar” unas reservas que tampoco tiene, ya que han sido desfalcadas al punto de tornarse negativas en 7.000 millones de dólares.
En lugar de ello, el gobierno Massa-Cristina desviará 1.000 millones de la Corporación de Fomento -destinados a proyectos ambientales y de asistencia social- al pago al Fondo Monetario.
Naturalmente, los accionistas de la CAF que han consentido este desvio son los mismos países que dominan el directorio del FMI. Las inversiones sociales previstas con los recursos de ese organismo deberán ser recortadas o tendrán que salir del presupuesto nacional. En cuanto al empleo del swap con China, implicará otro engrosamiento de la deuda pública externa a una tasa del 7% anual en dólares.
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El gobierno prefirió improvisar esta ´ingeniería´ usuraria a postergar los pagos al Fondo, incluso dentro de los plazos admisibles para ello. Lo hizo para defender a los acreedores “nacionales” de la deuda pública, que detentan más del 60% de ella y temen otro derrumbe de su cotización. El madrugón de Massa de este lunes sólo mira a los mercados, es decir, a los especuladores que lucran con la bancarrota nacional.
El compromiso de la CAF e incluso de China con este puente financiero está inserto en los términos del “memorándum” que los técnicos de Massa y Fernández suscribieron con los funcionarios del Fondo: a cambio del auxilio precario a la Argentina, deberán reforzarse la devaluación, los tarifazos, el ajuste de los gastos sociales.
Es lo que ya se puso en marcha la semana pasada con la devaluación selectiva sobre el maíz y otros productos, dando paso a un reguero de remarcaciones en los precios de la canasta alimentaria. Agosto comenzará con aumentos generales en el combustible y en el transporte – otro guiño al FMI.
Lo que se llama “transición electoral” es una operación financiera para salvar a los acreedores de la deuda pública, a costa de trabajadores, desocupados y jubilados. Es necesario que saquemos las conclusiones del caso, con el voto y con la lucha.
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