Pese a tener una condena firme por corrupción, Cristina Fernández de Kirchner continúa actuando como si nada hubiera pasado. Este viernes, la expresidenta volvió a usar sus redes para denunciar un supuesto "operativo ilegal" frente a su domicilio, atacar a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y movilizar a su militancia con un claro tinte político. Todo esto, desde el departamento en el que cumple su pena de prisión domiciliaria.
Lejos del silencio que se espera de alguien condenado por corrupción y legalmente inhabilitado para ejercer cargos públicos, Cristina Kirchner elige el camino inverso: reaparece, agita, desafía y victimiza. Con un discurso cada vez más confrontativo, acusó a Bullrich de montar un despliegue policial "sin orden judicial", al tiempo que volvió a convocar a sus seguidores para una movilización, que finalmente fue redirigida al Parque Lezama.
La líder del kirchnerismo no sólo se presentó nuevamente como víctima de una persecución judicial, sino que también aprovechó para pronunciar un mensaje grabado, deslizando críticas al Gobierno, a la Justicia y hasta ironizando sobre su situación legal: “¿Habrá una Constitución especial solo para mí?”, cuestionó con sarcasmo.
Sin embargo, el dato que muchos prefieren no mencionar es que la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Una condena que pesa, pero que no impide que la exmandataria siga utilizando su influencia política, sus redes de poder y a la militancia como escudo y plataforma.
Resulta llamativo —y preocupante— que quien fue hallada culpable de hechos gravísimos contra el Estado utilice esa misma condición para alimentar su figura política, impugnando cualquier límite legal como si se tratara de una simple molestia.
En lugar de respetar el fallo de la Justicia, Cristina Kirchner construye un nuevo relato donde ella es la víctima, la perseguida, la heroína incomprendida. Mientras tanto, sus seguidores se movilizan, sus discursos circulan, y sus apariciones públicas, aunque virtuales, siguen marcando la agenda política nacional.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto poder se le puede permitir a alguien condenado, que sigue teniendo capacidad de presión, movilización y confrontación, desde el confort de su prisión domiciliaria?
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