M.S.BONFIGLI
En un nuevo capítulo del distanciamiento brutal entre la clase política y la realidad que viven millones de argentinos, el Senado y la Cámara de Diputados volvieron a dar la nota: los legisladores nacionales tendrán un nuevo aumento salarial que elevará sus dietas a más de 9,5 millones de pesos brutos, una cifra que suena obscena frente al drama social que atraviesa el país.
El acuerdo fue cerrado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, quienes firmaron con los gremios legislativos una paritaria acumulada del 3,95% retroactiva a marzo, abril y mayo, lo que impacta directamente sobre los ingresos de los senadores gracias a una cláusula de enganche que ellos mismos votaron a mano alzada en abril. Sin debate, sin pudor y, por supuesto, sin oposición efectiva.
La fórmula es conocida: mientras hacia afuera se declama austeridad, hacia adentro se blindan los bolsillos. Así, el mismo Congreso que discute recortes, despidos y ajustes al pueblo, habilita aumentos encubiertos a través de mecanismos acordados por las propias autoridades de ambas cámaras, en un clima de silencio corporativo y escasa rendición de cuentas.
Cabe recordar que Villarruel había intentado frenar esta maniobra en diciembre pasado, incluso proponiendo congelar las dietas durante todo 2025 y eliminar el enganche automático con las paritarias del personal legislativo. Sin embargo, no encontró eco entre los jefes de bloque ni entre los propios legisladores. El resultado: la liquidación salarial avanzó, y el congelamiento se esfumó como si nunca hubiera existido.
Esta nueva suba de haberes no es solo un despropósito en términos económicos: es un gesto político pornográfico, en un país donde la mayoría de los trabajadores no llega a fin de mes, la crisis devora ingresos y la pobreza escala sin freno. ¿Qué mensaje dan los legisladores al votarse aumentos mientras le exigen al resto de la sociedad “sacrificios” y “esfuerzo”?
La maniobra, lejos de ser un hecho aislado, es parte de una lógica perversa que se repite sin distinción partidaria: cuando se trata de sus sueldos, oficialismo y oposición olvidan diferencias ideológicas y se protegen entre sí. Una casta política que legisla para sí misma, mientras millones de argentinos miran con impotencia cómo se reparten privilegios en los márgenes de la crisis.
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