El gobierno de Axel Kicillof dispuso la cesantía de 24 altos mandos de la Policía Bonaerense, acusados de realizar actividades políticas vinculadas a La Libertad Avanza. La oposición denuncia persecución ideológica y abuso de poder, mientras crecen las dudas sobre la legalidad del procedimiento.
PolíticaEl jueves AHORAONLINE
En una medida que generó fuertes críticas y abrió un nuevo frente de debate sobre el uso del poder estatal, el gobernador bonaerense Axel Kicillof ordenó la cesantía inmediata de 24 oficiales superiores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La decisión se enmarca en una polémica investigación por supuesta militancia política dentro de la fuerza, vinculada a la figura de Maximiliano Bondarenko, ex policía retirado y actual candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral.
La investigación fue impulsada por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), dependiente del Ministerio de Seguridad provincial, que realizó operativos sorpresa en distintas dependencias policiales, varios de ellos con características similares a allanamientos. Las inspecciones se llevaron a cabo en áreas sensibles de la cadena de mando, generando preocupación y malestar dentro de la fuerza.
Según trascendidos, durante los procedimientos se secuestraron computadoras con contenidos políticos partidarios, papelería con membrete de La Libertad Avanza y hasta fondos de pantalla con imágenes de leones, símbolo utilizado por el movimiento libertario. Las actuaciones habrían comenzado a partir de denuncias anónimas, lo que despertó cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad del proceso.
Desde sectores de la oposición y ámbitos ligados a los derechos institucionales advirtieron que la decisión de Kicillof representa un grave abuso de poder y una posible persecución ideológica contra uniformados vinculados, presuntamente, a espacios no afines al oficialismo provincial. También señalaron la peligrosidad de utilizar denuncias anónimas como fundamento para avanzar en sanciones drásticas, sin instancias claras de defensa previa para los involucrados.
“La política no puede meterse de esta forma en el funcionamiento de la Policía. Hay un uso arbitrario del poder con fines disciplinadores”, expresaron fuentes cercanas a La Libertad Avanza, que evalúan judicializar el caso.
Desde el Gobierno provincial justificaron la medida en la supuesta violación a la normativa que prohíbe a los integrantes de las fuerzas de seguridad participar en actividades partidarias mientras se encuentren en servicio activo. Sin embargo, el contexto electoral y el perfil de los afectados avivaron las sospechas de que se trata de una operación política para silenciar apoyos a sectores opositores.
La medida no solo tensiona el clima interno en la fuerza, sino que también plantea un interrogante sobre los límites del poder ejecutivo en la regulación del pensamiento político de los funcionarios públicos, especialmente cuando se utilizan mecanismos excepcionales para intervenir sobre el personal.
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