Con amplio respaldo en la Cámara Baja, se aprobaron tres proyectos clave que benefician a jubilados y personas con discapacidad. El presidente Milei adelantó que los vetará si el Senado los convierte en ley, en nombre del “déficit cero”.
PolíticaAyer AHORAONLINE
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó tres proyectos claves que impactan en el sistema previsional y en los sectores más vulnerables de la sociedad: un aumento del 7,2% para las jubilaciones, la actualización del bono previsional a $110.000, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en materia de discapacidad. Las iniciativas, que ahora deberán ser tratadas por el Senado, ya fueron rechazadas públicamente por el presidente Javier Milei, quien anticipó su intención de vetarlas en caso de ser sancionadas.
El paquete previsional obtuvo un amplio respaldo en el recinto, con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, mientras que el proyecto de moratoria previsional —impulsado por Unión por la Patria— logró 111 votos a favor. La declaración de emergencia en discapacidad también fue aprobada en la jornada, en medio de fuertes reclamos de organizaciones sociales y sectores afectados.
Afuera del Congreso, miles de manifestantes —entre ellos personas con discapacidad, jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan, organizaciones sociales y colectivos feministas— se congregaron desde temprano para exigir respuestas frente al ajuste del Gobierno nacional. Las protestas, pacíficas, estuvieron fuertemente custodiadas por un operativo policial que blindó la Plaza del Congreso.
El contexto político
La sesión comenzó a las 12.30 con el quórum justo: 131 diputados presentes, entre ellos representantes de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre, el FIT, algunos radicales y monobloquistas. Pese a las presiones de la Casa Rosada, los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) no lograron impedir la participación de sus legisladores.
Unión por la Patria logró sentar a 95 de sus 98 miembros, y si bien algunos gobernadores alinearon a sus legisladores con el oficialismo (como Rogelio Frigerio, Leandro Zdero y el propio Jalil), el intento por frenar la sesión fracasó.
Jubilaciones y moratoria: el debate
Dos horas y media después de iniciada la sesión, comenzó el debate del paquete previsional. La diputada Victoria Tolosa Paz fue la encargada de abrir el tratamiento detallando las propuestas que lograron consenso entre los 14 proyectos presentados: el aumento del 7,2% y el nuevo monto del bono previsional. Además, Unión por la Patria propuso prorrogar la moratoria por dos años. Tenían un plan alternativo, el proyecto de Nicolás Massot, para un nuevo régimen proporcional de prestaciones, pero no fue necesario activarlo gracias a las abstenciones clave.
Una de las abstenciones provino de Encuentro Federal, cuya postura habilitó la aprobación del dictamen de minoría. “No tenía sentido ponerse en contra de los jubilados por algo que igual se va a vetar”, confesó un legislador off the record. Mientras tanto, Miguel Ángel Pichetto se retiró molesto del recinto tras criticar el tono del debate y pedir que se “jerarquice la discusión”.
Reacción del Gobierno
Apenas consumada la votación, el Gobierno dejó en claro su postura. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el Ejecutivo vetará las iniciativas por considerar que no son sostenibles fiscalmente. “Son temas que sensibilizan, pero el Estado no los puede pagar sin endeudarse. Y eso no va a pasar”, sostuvo ante empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).
Por su parte, el presidente Javier Milei ratificó esa posición en sus redes sociales:
“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin.”, escribió en su cuenta de X.
Ahora, todas las miradas apuntan al Senado, donde el oficialismo intentará frenar el avance de las leyes. Sin embargo, el amplio respaldo social y parlamentario que recibieron podría complicar una eventual decisión de veto en plena campaña electoral.
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